Operación Hartie
La mafia de cartoneros obtuvo 10 millones de euros enviando papel a China, Corea y la India
La Policía Municipal y la Guardia Civil detienen a 28 personas que robaban en los contenedores
Actuaban como un perfecto engranaje especializado en la gestión irregular de residuos y se habían dividido Madrid para hacerse con las máximas toneladas posibles de papel y cartón que sustraían de los contenedores . Con total impunidad y gran destreza, los delincuentes se introducían en los cubos grises colocados en la calzada de la capital, hasta que una operación coordinada entre la Guardia Civil y la Policía Municipal dio al traste con los planes de una mafia que, desde que se han podido acreditar traslados, en el año 2016, ha hecho 278 envíos ilegales al sureste asiático con 67.300 toneladas de estos residuos por un valor de, ahí es nada, 10 millones de euros.
La operación Hartie –papel, en rumano– comenzó después de que la Policía Municipal detectase un aumento de contenedores dañados, a principios de 2019. «Al hacer seguimiento, se observa un comportamiento organizado e ilícito en varios cartoneros, que hace prever una posible comisión de delitos medioambientales», explica a ABC un oficial del Cuerpo municipal. Estos cartoneros, en su mayoría de nacionalidad rumana , aunque dentro de la perfecta organización también había españoles y suramericanos, rajaban la boca de los contenedores para introducirse dentro y vaciarlos. Al lado de los expertos contorsionistas esperaba siempre un camión, en el que rápidamente introducían su botín para trasladarlo a una empresa gestora de residuos que les pagaba al peso.
En ese momento, la Policía Municipal y la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) del Seprona de la Guardia Civil inician su trabajo, coordinados por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo , haciendo un «seguimiento conjunto» y una «intervención integral». Algo que, según explica el oficial, empezaba en el depósito de residuos y terminaba en su tratamiento en el Sureste Asiático, sobre todo en países como China, Corea del Sur, la India e Indonesia. «Se exporta para que estos países hagan también su papel reciclado y tengan materia prima de la que partir a la hora de elaborar el producto», relata Ana Prieto, sargento delSeprona.
Dieciocho rutas
Los agentes constatan que los cartoneros se habían repartido por clanes la capital en 18 rutas estancas; es decir, cada «equipo» tenía sus zonas perfectamente trazadas y delimitadas. Ningún otro grupo debía o podía acceder a ellas. Es más, un día en que uno de los clanes (muchos de los delincuentes eran familia) se saltó esta norma no escrita, otro le quemó el camión y, explica Prieto, le amenazó con arma de fuego. «Es un hecho puntual, entre ellos no se producían enfrentamientos ni actos de violencia extrema», puntualiza, por su parte, el mando local, que indica que «actuaban en todo Madrid: desde Chamberí hasta Carabanchel , Villaverde, Vallecas y Moratalaz». Les daba igual que fuese de día o de noche y podían llegar a robar, incluso, tres veces en 24 horas.
La ordenada recogida terminaba, cada jornada, en la planta gestora, la única empresa receptora del papel y cartón incautado , donde mezclaban la mercancía con otra lícita y la enviaban «sin control» y «sin cumplir la legislación vigente» a los países asiáticos en barcos. «Salían, sobre todo, desde el puerto de Valencia, hasta donde llegaban en sus camiones», concreta la sargento Prieto. «Se desconoce si en estos países se hizo un tratamiento adecuado de estos residuos, que enviaban desde aquí sin tratar y que pueden contener sustancias peligrosas», dice el oficial.
En el transcurso de la operación, que ha durado un año por el análisis de la documentación, se ha investigado a 42 personas y 28 fueron detenidas el 27 de junio. Se les imputan delitos contra el medio ambiente, pertenencia a organización criminal, robo y hurto de residuos, blanqueo de capitales y traslado de residuos ilícitos. También se han intervenido once camiones utilizados en la recogida cuya titularidad no correspondía con los usuarios que los conducían y, además, solo durante el periodo de investigación, los agentes detectaron la sustracción de más de 9.300 toneladas, con un precio estimado en el mercado de 1.300.000 euros.
«La empresa, que en parte es legal, conocía de sobra que los residuos que les proporcionaban los clanes eran ilegales, ya que una vez que la basura entra en el contenedor pasa a ser propiedad delAyuntamiento», dice Prieto.Por eso, mezclaban los residuos lícitos con los que no lo eran, para perder la trazabilidad del producto. El Ayuntamiento, perjudicado, calcula que desde el año 2015 ha sufrido pérdidas de hasta 16 millones de euros por culpa de esta banda y de la planta que le compraba el material.
El caso está ahora en manos del juzgado número 16 de Madrid , pero «desde junio –zanja el oficial– no se detecta en la ciudad ninguna presencia de organización ni camión no autorizado. Se ha eliminado el problema». El traslado de residuos está contemplado en los reglamentos de la Unión de Europea con el objetivo de regular la vigilancia para preservar la calidad del medio ambiente y la salud humana.
Noticias relacionadas
