Maestre recurre ante los tribunales para evitar que los ediles díscolos de Más Madrid formen grupo propio

Más Madrid considera «evidente» que la decisión del Ayuntamiento es una estrategia «para asegurar unos votos» que permitieron a Martínez-Almeida aprobar la nueva ordenanza de Movilidad

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre EP

Cris de Quiroga

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Tras la última derrota, Rita Maestre vuelve a presentar batalla. Más Madrid ha interpuesto este lunes un recurso contencioso administrativo contra la decisión del alcalde José Luis Martínez-Almeida de dar un grupo mixto a los cuatro concejales que rompieron filas con su portavoz. «El Ayuntamiento no se ajusta a la legalidad y se aparta (sin explicarlo) del criterio de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid que entendió por unanimidad que estos concejales debían ser considerados 'no adscritos'», ha informado el partido en un comunicado.

Maestre, como portavoz de Más Madrid, ya presentó un recurso el 8 de abril para que sus excompañeros «tránsfugas» Marta Higueras, Luis Cueto, José Manuel Calvo y Felipe Llamas no tuvieran grupo propio, una plataforma que bautizaron como Recupera Madrid . Ese era el paso previo al recurso elevado esta mañana al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y que, la semana pasada, los servicios jurídicos municipales desestimaron. «El Consistorio demoró meses la resolución del recurso aduciendo que estaba a la espera del informe del más alto órgano consultivo de la Comunidad de Madrid y, una vez lo obtuvo, silencia su contenido y dicta una resolución en contra sabedor de que no se ajusta a derecho», critican desde la formación.

Los ediles carmenistas que abandonaron a Maestre permitieron, también la semana pasada, que la nueva ordenanza de Movilidad de Martínez-Almeida saliera adelante para solucionar el embrollo jurídico provocado por la anulación de Madrid Central en los tribunales. Para Más Madrid es «evidente» que se trata de una estrategia para «asegurar unos votos» en la aprobación de la normativa y lo tacha de situación de «anormalidad democrática».

El grupo solicita así medidas cautelares hasta que los tribunales dicten sentencia, ya que la decisión de Martínez-Almeida «puede producir perjuicios irreparables para el interés público, tal y como el propio Ayuntamiento alegó cuando decidió suspender la resolución del secretario».

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