Madrid sacará a concurso en otoño 72 parcelas para 10.000 viviendas en alquiler para jóvenes
El Plan Vive ofrecerá pisos con rentas un 30 por ciento por debajo del precio del mercado, y su construcción generará 25.000 empleos directos
La pandemia ha bloqueado la economía y ha confinado a los ciudadanos en sus casas. Pero las necesidades de la población, especialmente de los jóvenes, de acceder a una vivienda asequible continúan, y también lo hace el plan del Gobierno regional para construir estas viviendas: el Plan Vive , de pisos en alquiler para jóvenes a precios moderados, ha seguido su andadura pese al Covid-19, y en la actualidad tiene ya disponibles 72 parcelas sobre las que construir 10.000 viviendas que serán en alquiler a precios hasta un 30 por ciento por debajo del de mercado . Está previsto que su adjudicación salga a concurso, por lotes, en otoño .
El Plan Vive es una de las grandes apuestas de mandato de Isabel Díaz Ayuso. Se planteó hace un año, y el encargado de sacarla adelante es el consejero de Vivienda, David Pérez . Utilizará suelos de titularidad de la Comunidad, procedentes de cesiones obligatorias para redes municipales, que deben hacer los ayuntamientos. Se trata de construir 15.000 viviendas hasta 2024, que serán 25.000 si se cuenta un plazo de ocho años desde 2019.
El plan se extiende por un total de 43 municipios de la región, donde se han localizado 1,2 millones de metros cuadrados de suelo público.
Trabajo jurídico
«A pesar del estado de alarma, el Plan Vive ha seguido avanzando», asegura a ABC el director general de la Vivienda, José María García Gómez. Durante el confinamiento, señala, «hemos estado trabajando en la parte jurídica, administrativa y técnica, y en los estudios de viabilidad económica del proyecto».
A día de hoy, ya está terminado el decreto de adjudicación de las viviendas. Los suelos, recuerda, serán siempre de titularidad de la Comunidad de Madrid, que los movilizará mediante una concesión administrativa demanial, por un plazo de 40 años, y no se desprenderá nunca de su titularidad. La concesión permite a los operadores privados encargarse de la explotación de las viviendas en régimen de alquiler, pero antes deberán construirlas ellos: «Será el operador privado el que haga la inversión en la construcción», insiste.
Las viviendas se alquilarán a precios al menos un 30 por ciento por debajo de los de mercado, como requisito imprescindible
Una vez que acabe el plazo de la concesión, «ese patrimonio de viviendas será de todos los madrileños».
La principal ventaja del sistema es que «no se compromete dinero público, ni mediante créditos ni por la vía del aumento del déficit» Por otro lado, añade, «se activa la economía; y en tercer lugar, se cumple el fin público de proporcionar vivienda en alquiler a un precio razonable».
Limitaciones
En realidad, recuerdan en la consejería de la Vivienda, este camino facilita en este momento llevar a la práctica este proyecto y hacerlo viable. «No hay presupuesto público para poder promoverlo con dinero público en un periodo razonable : son 1.000 millones de euros de inversión que no tenemos», argumenta García Gómez.
Para los operadores que resulten adjudicatarios de estas concesiones, se establecen algunas limitaciones: las viviendas deben tener alquileres al menos un 30 por ciento inferiores a los del mercado. «Ellos pueden rebajar más el precio para mejorar su oferta», indica el director general de la Vivienda.
Rentabilidades
En su área calculan que la operación, con estas limitaciones, le proporciona al operador una rentabilidad de «en torno al 6 por ciento»; es inferior a la que tendría en un proyecto privado, y que rondaría el 20 por ciento, pero a la vez resulta atractiva. El gestor, en todo caso, «tendrá que ser solvente, porque tendrá que explotar las viviendas durante 40 años y encargarse de su mantenimiento durante ese tiempo, antes de devolverlas a la Comunidad».
También quienes quieran alquilar una de estas viviendas deberán cumplir unos requisitos, entre ellos no poseer otros bienes inmuebles, no tener ingresos superiores en más de cinco veces al indicador de precios públicos de renta, pero a la vez tener los suficientes como para hacerse cargo del pago del alquiler , que no será superior al 35 por ciento de su renta disponible.
Se primará la industrialización de la construcción, como medio para reducir hasta un 50 por ciento los plazos de entrega de los nuevos pisos
En la actualidad, Vivienda tiene ya disponibles 72 parcelas bien ubicadas y donde la tramitación se puede sacar a concurso. Son suficientes para construir 10.000 viviendas «que podrían estar en el mercado en tres o cuatro años» . La consejería las ha dividido en cinco lotes , combinando aquellas más atractivas para la iniciativa privada con otras que puedan serlo algo menos, de manera.que queden lotes «equilibrados». Como ejemplo, señala, «hay suelos en Valdebebas, y otros en Daganzo. Para que ninguna parcela quede desierta, van en el mismo lote».
Pliegos de condiciones
Ahora se trabaja en la elaboración de los pliegos de condiciones para los concursos de adjudicación, que se convocarán en otoño. Y a continuación, comenzarán a construir.
El director general de la Vivienda calcula que «si en otoño son las licitaciones, en primavera del 2021 pueden estar adjudicados los cinco lotes. Y luego, lo que se tarde en construir». En este sentido, van a primar «las reducciones en plazo apoyadas en la industrialización de las construcciones», –un procedimiento que ensamblan elementos constructivos fabricados en taller–. Por esta vía, recuerda, se pueden «reducir los plazos más del 50 por ciento. Si alguna promoción se hiciera así, podríamos estar entregando viviendas en el año 2023», asegura.
Además de facilitar el acceso a la vivienda a una gran parte de la población a la que le resulta muy difícil, si no imposible, pagar los precios del mercado libre, el Plan Vive «puede ser una palanca económica de desarrollo», insiste José María García Gómez. De acuerdo con sus cálculos, «se pueden crear 25.000 empleos directos sólo en el proceso de construcción , a los que habrá que añadir otros 40.000 durante la explotación de las viviendas, sostenidos en el tiempo».
Interés
Diversas entidades del sector han manifestado ya su interés por este modelo de construcción en colaboración público-privada: desde la patronal ASPRIMA a la Federación de Cooperativas de Vivienda, y «también numerosas entidades financieras han preguntado en nombre de sus clientes; como también colegios profesionales». Se trata, concluye el director general de Vivienda, de «movilizar suelos públicos que no están dando servicio y que no podrían encarar como inversión ninguna administración».
La presidenta regional alcanzó el Pacto Regional de la Vivienda con los principales agentes inmobiliarios de la Comunidad de Madrid el pasado 29 de junio, con la intención de contribuir a crear empleo y riqueza a través de un sector que genera el 7 por ciento del empleo directo y el 15 por ciento del indirecto, y aporta hasta el 10 por ciento del PIB madrileño. En él, se apuesta por la fórmula de colaboración público-privada como medio eficaz para movilizar todos los recursos disponibles.
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