Madrid plantea registrar las reuniones de los políticos con «lobbies»

«La transparencia está muy bien, pero es un concepto que ha quedado obsoleto. Hay que ir más allá». En su afán por la regeneración política y por dotar a la administración pública de paredes de cristal, la presidenta de la Comunidad de Madrid , Cristina Cifuentes, pretende regular los « lobbies » o grupos de interés . Se quiere crear un registro público en el que se inscriban -de forma voluntaria, eso sí- las personas y organizaciones con capacidad de influir en la elaboración y aplicación de las políticas públicas. Además, se obligará a que los cargos políticos y parlamentarios informen de las reuniones que mantienen con esos grupos lobistas.

El registro de « lobbies » quedará adscrito a la Consejería de Presidencia . En un principio, Ciudadanos pactó con el PP en su acuerdo de investidura que se crearía vinculado a la Asamblea de Madrid. Sin embargo, los servicios jurídicos del Gobierno han aconsejado que se adscriba a Presidencia, tal y como recoge el proyecto de Ley de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia , aprobado hoy por el equipo de Cifuentes.

La presidenta regional ha defendido su texto, que será remitido en las próximas horas a la Cámara, pese a que la Mesa de la Asamblea ya ha dado luz verde a la tramitación del proyecto de Ley de Transparencia impulsada por el PSOE. Los grupos tendrán que negociar ahora sí funden los dos textos o siguen adelante con el borrador socialista.

«No estamos en ninguna competición. Esta ley es muy novedosa, quizá una de las leyes más avanzadas en esta materia. No renunciamos a nuestra iniciativa legislativa », ha señalado Cifuentes.

La futura Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid afectará a los organismos y empresas públicas dependientes de la administración regional, y también a los actores privados que reciban subvenciones públicas, como contempla la normativa estatal. Estarán obligados a la transparencia los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales o cualquier otra entidad social que reciba subvenciones de más de 50.000 euros al año ; así como las que obtengan 5.000 euros, si en su caso la ayuda supone el 30% de los ingresos.

La futura norma regula el procedimiento para el acceso de los ciudadanos a la información pública. La denegación de la información o su no contestación será recurrible ante los tribunales de lo contencioso-administrativo . También podrá reclamarse ante el Tribunal Administrativo de Contratación, que asume la competencia tras al disolución del Consejo Consultivo.

El Gobierno de Cifuentes, que en un principio no vio necesario desarrollar la normativa estatal , quiere que la futura Ley de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia de la Comunidad de Madrid entre en vigor el 1 de enero de 2017.