Luis Medina, imputado por alzamiento de bienes, tiene tres días para abonar una fianza de 891.000 euros
El juez que instruye el caso le da tres días al hijo de Naty Abascal, cuyas cuentas aparecieron vacías, para abonar el dinero
La Justicia sigue dando pasos y estrecha ya el cerco sobre Luis Medina y Alberto Luceño , los dos comisionistas que se embolsaron cerca de 6 millones de dólares (1 millón para el hijo de Naty Abascal y el resto para su socio) por la venta de mascarillas y diverso material sanitario al Ayuntamiento de Madrid , en marzo de 2020, a través de la empresa municipal de Servicios Funerarios. El juez que instruye la causa, Adolfo Carretero Sánchez, ha imputado a Medina un delito de alzamiento de bienes, y le impone una fianza de 891.000 euros, que deberá abonar en un plazo de tres días.
Según Anticorrupción , ambos comisionistas habrían elevado los precios más de un 400 por ciento de un material que, además, en su mayor parte llegaba defectuoso. El juez Carretero, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción , imputa a Luis Medina por el referido delito de alzamiento de bienes, que se une a los de estafa agravada, blanqueamiento de capitales y falsedad documental previos.
Medina y Luzeño deberán prestar declaración en el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid el próximo 25 de abril.
El empresario malayo
La investigación sobre el caso de las mascarillas adquiridas por el Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020, a través de estos dos intermediarios, que se embolsaron unas desorbitadas comisiones , está resultando una suerte de carrera de obstáculos judicial para esclarecer unos hechos que han suscitado una enorme alarma social .
Sin ir más lejos, el juez que instruye la causa, Adolfo Carretero , se ha topado con un inconveniente a la hora de seguir clarificando todo lo ocurrido durante la compra de material sanitario procedente de Asia durante «lo peor de la pandemia», en palabras del alcalde José Luis Martínez-Almeida: Malasia , país donde se asienta el empresario San Chin Choon, quien fue el encargado de suministrar las mascarillas y diverso material sanitario al Ayuntamiento como representante de la empresa Leno, ha advertido a España de que éste no tiene la intención de cooperar de manera voluntaria en el proceso judicial.
Según adelantaba ‘elDiario.es’ y pudo confirmar ABC, San Chin Choon pactó las comisiones millonarias con Medina y Luceño, aunque los investigadores tienen la sospecha de que ambos comisionistas pudieron falsificar su firma en diversos documentos para justificar ante los bancos los beneficios por dichas comisiones, que, entre Medina y Luceño, suman los 6,7 millones de dólares que la Fiscalía Anticorrupción reclama.
La firma del empresario malayo figura en los tres contratos de mascarillas, test y guantes que Luis Medina y Alberto Luceño gestionaron con empresa municipal , a través de la cual se realizaron las compras urgentes del material sanitario durante el primer estado de alarma.
Como adelantó el citado digital, tanto el juez como los interesados han recibido un archivo en el que la Fiscalía de Malasia señala que San Chin Choon no va a prestar declaración voluntaria. «Conseguimos identificar y localizar al sujeto San Chin Choon pero, como se negó a colaborar , lamentamos informar de que hemos sido incapaces de ayudar en la grabación de su declaración», ya que «una declaración solo será grabada si la persona accede a hacer la declaración», explica el jefe de la Unidad de Crimen Internacional de la fiscalía malaya, Ramesh Gopalan.
Esto supone un obstáculo para el fiscal de Anticorrupción, Luis Rodríguez Sol , ya que estaría interesado en conocer algunos detalles de primera mano, como si Luceño y Medina pudieron falsificar alguna firma del empresario malayo para justificar los millones que cobraron.
Respecto a los vehículos, el coche de lujo marca Range Rover fue transferido el pasado 5 de abril. De igual modo, se deshizo de un vehículo KTM X BOX, y transfirió en enero un Lamborghini Huracan Eco Spider. Ante ello, el juez solicita nuevas medidas cautelares de carácter económico para asegurar las responsabilidades civiles.
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