La juez imputa a otro profesor de Cifuentes por el máster de Casado
Pide la URJC que le remitan expedientes con convalidaciones similares al del dirigente del PP de otros cursos de postgrado

El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Pablo Chico de la Cámara, fue imputado ayer en relación a la pieza separada del presidente del PP, Pablo Casado. Así lo ordenó la titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel. Se le acusa de prevaricación administrativa por haber calificado en una asignatura a una de las tres compañeras de Casado, ( María Mateo Feito ), según indicó ésta.
Chico también está imputado en la pieza central de Cifuentes por haber ordenado a una funcionaria cambiar una nota dos años después de acabar el postgrado (2011-12). Él negó ambos extremos. Sobre Casado dijo que ese curso (2008-09) no dio clases. En cuanto a Cristina Cifuentes, que fue la trabajadora la que dijo que había un error que subsanar.
Otro alumno compañero de la expresidenta regional que testificó ayer reconoció que obtuvo el título sin hacer nada, al igual que dijo la víspera María Dolores Cancio , profesora de la URJC, quien dijo que «le regalaron el máster» en la promoción de Casado.
Un despacho de Conde sin registrar
Por otro lado, el despacho que mantiene como docente el exdirector del Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC, Enrique Álvarez Conde , no ha sido registrado: se necesita una orden judicial. Y no se descarta que pueda haber documentos relevante para la causa. Así lo indicó ayer su sustituto en el desparecido IDP. Él encontró una caja con informes de las tres compañeras de promoción de Casado, Mateo Feito Cancio y Alida Mas Taberner imputadas por prevaricación y otra de ellas, y esta última, además, por cohecho impropio. Del líder del PP, ni rastro .
La juez ha pedido a la URJC en una providencia los expedientes de otros másteres con convalidaciones similares a las de Casado a quien le revalidaron 18 de las 22 asignaturas y obtuvo el título con 4 trabajos. En el caso hay 7 investigados.
La magistrada quiere comprobar si era habitual la convalidación de 40 créditos a alumnos, como ocurrió con el líder popular y otras tres alumnas investigadas.
También especifica en sus indicaciones que los expedientes sean de personas cuyo «único mérito» para el reconocimiento de créditos fuera el ser «licenciado, arquitecto o ingeniero». La magistrada pide que al menos se le remitan diez expedientes con esas características