Una hoja de ruta para dignificar los juzgados madrileños

Llega un año y medio después de las denuncias de deterioro extremo

Inundación en un juzgado madrileño, denunciada por Cs ABC

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El 11 de enero de 2017, se registraba un incendio en los juzgados de Violencia sobre la Mujer y de Primera Instancia número 5 de Torrejón de Ardoz . Según denunciaron en un manifiesto Jueces para la Democracia, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional de la Magistratura, el lugar carecía de las mínimas condiciones de seguridad.

Pocos días después , la decana de Torrejón clausuraba esta sede por sus «malas condiciones medioambientales»: los trabajadores sufrían dolores de cabeza y picores de garganta y ojos. Era la gota que colmaba el vaso de una situación de deterioro extremo que venía siendo denunciada por empleados, sindicatos, partidos y organismos oficiales desde años atrás.

Delito

El día 20 de ese mes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid emplazaba al Gobierno regional a una reunión urgente para resolver las deficiencias en los juzgados de la región. Los 21 jueces decanos hicieron los propio, denunciando las deficiencias en infraestructuras y medios materiales y humanos que sufrían los juzgados. Indicaron que estos hechos «podrían llegar incluso a encajar en el tipo penal de los delitos contra los derechos de los trabajadores», y advirtieron que podrían ponerlos en conocimiento de la Fiscalía de no arbitrarse las medidas para solventarlos.

En febrero de ese año, la Asamblea aprobaba por unanimidad una proposición no de ley promovida por Cs para crear la Mesa del Pacto para la Justicia. La forman responsables autonómicos y representantes del Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, la juez decana María Jesús del Barco, fiscales, letrados, jueces y otros profesionales, junto con sindicatos y partidos.

Ante ella presenta este lunes la consejera Yolanda Ibarrola el Acuerdo para la mejora de las infraestructuras, un documento que mejora y concreta el que ya les ofreció en enero, detallando la inversión sede a sede y el calendario de aplicación.

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