La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para un guardia civil que espió a su exmujer
El agente consultó presuntamente datos «protegidos» de su expareja durante nueve años con el objetivo de conseguir información para que se suprimiera la pensión que le pagaba
La Fiscalía de Madrid pide cuatro años de cárcel para un agente de la Guardia Civil que supuestamente utilizó las bases de datos del Cuerpo para espiar a su exmujer durante nueve años con el objetivo de conseguir información para que se suprimiera la pensión que le pagaba.
El agente, F.J.S., será juzgado el miércoles próximo en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el procesado cometió un delito de revelación de secretos al haber accedido a archivos destinados «exclusivamente» para ser consultados por los agentes en el ejercicio de sus funciones, pero no para cuestiones personales .
El 8 de junio de 2015 el acusado interpuso una demanda de modificación de medidas contra su exmujer en la que solicitó que le suprimieran la pensión compensatoria que un juzgado había establecido a favor de ella en la sentencia de divorcio.
Con la finalidad de conseguir información que pudiera utilizar en dicha reclamación, el guardia civil accedió supuestamente a distintos archivos donde se almacena información íntima, como el denominado «fichero parteviaje» , en el que se recogen los datos de huéspedes mayores de 16 años que se alojan en hoteles.
En esta base de datos realizó -según la Fiscalía- 44 consultas entre el 1 de marzo de 2008 y el 3 de agosto de 2015 , en las que utilizó como criterios de búsqueda el nombre y el número de DNI de su expareja.
A raíz de sus consultas a este fichero el guardia civil consiguió descubrir que el día 9 de septiembre de 2011 su expareja había estado hospedada en un hotel de Aranjuez junto con otra persona, una información que después aportó en 2015 en el procedimiento contra la pensión.
Asimismo, el agente utilizó una aplicación de la Guardia Civil para acceder a otros ficheros en los que se registran datos «especialmente» protegidos como los referidos a la salud, las infracciones penales y administrativas, documentos de carácter identificativo como el DNI y el fichero de la DGT.
En estas bases de datos el agente acusado realizó 118 consultas entre el 17 de mayo de 2010 y el 21 de junio de 2017 , relata el Ministerio Fiscal.
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