La Fiscalía pide 5 años y medio para Lorenzo Sanz por ocultar 6 millones de euros a Hacienda
La vista oral del juicio contra el expresidente del Real Madrid tendrá lugar el jueves en la Audiencia Provincial de Madrid
La Fiscalía acusa a Lorenzo Sanz , antiguo presidente del Real Madrid, de ocultar en las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) importantes rentas que no estarían exentas del IRPF y que ascenderían hasta los 5.968.975,5 euros.
Según ha informado el TSJM, la Fiscalía solicita una pena de cinco años y medio de prisión para Sanz, acusado de la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el IRPF durante los ejercicios 2008 y 2009.
Al parecer, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, Sanz, que habría realizado esta operación en los años en los que se acogióe a la modalidad de tributación conjunta junto a su esposa, los casi seis millones de euros no habrían sido declarados de forma intencionado por el expresidente del Real Madrid para obtener así un beneficio fiscal ilícito y dejar de ingresar 969.437,08 euros en el ejercicio de 2008 y 275.386,26 euros en el de 2009.
Además de la solicitud de prisión, la Fiscalía reclama una multa de 2.907.000 euros por el ejercicio del año 2008 y otra de 550.000 euros por la del 2009, además de indemnizar a la Hacienda Pública en 1.224.823,34 euros. No ha quedado acreditado que la cónyuge del procesado conociese el propósito defraudador del acusado, participase u ostentase capacidad decisoria en la confección y presentación de las referidas declaraciones.
No obstante, en tanto que casada en régimen de sociedad de gananciales con el acusado y no constando ninguna otra fuente de ingresos, se benefició de las cantidades dejadas de ingresar por éste al erario público, aplicando las mismas al sostenimiento de los gastos derivados de la unidad familiar. Por lo tanto, y respecto de la esposa del acusado, María Luz D. M. se abre también juicio oral en concepto de partícipe a título lucrativo y de ser considerada culpable deberá indemnizar a la Hacienda Pública en el 50% de la cuota defraudada, esto es, en 622.411,67 euros.
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