«Duermo en un saco en la puerta de mi casa porque está okupada»

A sus 57 años, y en todo este periplo de ida (no ve por ahora una solución), le ha dado tiempo a divorciarse y a pasar de vivir de manera holgada cada mes a dormir en casa de amigas: «Estoy humillada, arrodillada, yendo al psicólogo... Tomo dos tipos de ansiolíticos fuertes. Siento impotencia, rabia, frustración . Esto me ha cambiado hasta mi manera de pensar», explica a ABC.

En 2014, el entonces matrimonio puso en alquiler esta segunda vivienda, en la calle de Aguilar del Río (Carabanchel). Lo arrendó una mujer búlgara, Lina G., que reside allí con su madre, de 61 años, y su hija, de 16. «Me divorcié y en el acuerdo con mi exmarido me quedé yo con este piso. El contrato primero era de cinco años, y luego le renové por otro más, hasta el 1 de agosto de 2020», recuerda. Se trata de una vivienda de 90 metros y tres habitaciones, por las que cobraba 625 euros al mes. Decimos cobraba porque fue irrumpir el coronavirus en la sociedad y Lina dejó de pagarle: «Dice que gana, como ayuda, 220 euros, cuando en realidad son entre 900 y 1.000, aunque solo 300 no son en negro. Trabajaba en una discoteca. Luego, en una zapatería y en un conocido restaurante».

María Luisa recurrió a la Justicia, como es lógico. Pero la okupa adujo que la habían despedido de su puesto. «Me di cuenta de que el juez dictaminó a los servicios sociales de Carabanchel que debían buscarle una solución habitacional, del 5 al 31 de octubre de 2021. Pero no han respondido al juzgado ni le han dado una casa».

Así, son ya más de 18.000 euros los que María Luisa dice que le debe Lina solo en alquiler impagado . El contador del bloque es colectivo: «La calefacción son 113 euros al mes, durante seis meses al año. El agua, 50 euros por recibo, bimestrales. La denuncia en el juzgado lleva desde el 1 de agosto de 2020. Y ella hace más de un año y medio me bloqueó de todas las maneras para que no pueda contactarle».

La búlgara le ofreció la siguiente solución: «Quería que le alquilara el piso durante 3 años más, pagándome lo que estaba en curso más lo que me debía. Pero no le puedo hacer un contrato a una persona que me debe dinero y no me paga. Evidentemente, me negué».

María Luisa Lozano trabaja actualmente como autónoma, para una empresa como comercial de seguros. «Hay meses que cobro 700 euros y pago 300 de cuota. Unos días vivo en casa de una amiga, otros en casa de otra... Los servicios sociales me dicen que me buscan un piso compartido para mí; cuando les digo que ya tengo uno, me responden que eso lo tiene que dictaminar un juez», se queja.

«Soy una persona que me he dedicado a cuidar mis hijos toda la vida y con 57 años me veo así . En los seguros llevo desde agosto. Antes era ama de casa, estaba casada y mi marido cobraba 6.000 euros al mes. Ahora, me vengo a vivir con el saco de dormir a la puerta de mi casa, porque me la tienen okupada. Es una ‘inquiokupación’. Estaré aquí todo el tiempo que aguante. Me tendré que duchar en casa de alguien, a ver cómo me las apaño», insiste María Luisa, que cuenta con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. «No tengo piso, ni propiedad privada, ni derechos», sentencia.

La asociación cuenta con 1.300 damnificados, «de los que la ‘inquiokupación’ supone en 70%-80% de los casos directos», asegura su responsable, Ricardo Bravo, otra víctima de las usurpaciones y que ha llegado a recoger 83.000 firmas para llevarlas al Congreso de los Diputados.