El doble drama de las pastelerías Animari

Adrián Delgado

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04/02/2017
Actualizado a las 11:33h.

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«No son Animari aunque mantuvieran los rótulos y el papel de envolver. No lo han sido desde que las malvendimos». Esa explicación, referida a las dos pastelerías de la plaza de Manuel Becerra 4 y la calle Alcalá 185 cerradas hace unos meses, se ha convertido en un mantra que la familia Martínez López repite a todos sus clientes. Son los fundadores de la emblemática pastelería Animari del distrito de Salamanca y resisten y mantienen orgullosos su marca en el número 86 de la calle José Ortega y Gasset. Es el único Animari, de los seis que llegaron a regentar, que tienen abierto hoy. Un negocio fundado en 1946 por Aniceto Martínez que ha vivido una dramática situación desde el año 2011. «Un grupo cántabro de hostelería nos propuso comprarnos parte del negocio, concretamente esos dos locales. Se comprometieron a quedarse con los 40 trabajadores que teníamos. La oferta, a priori, era buena. Estábamos en plena transición de la segunda a la tercera generación y aceptamos», explica Isabel Martínez , nieta del fundador.

«A los dos meses, ya incumplieron el acuerdo económico. Revendieron la empresa a una sociedad limitada formada por hombres de paja. Nos aplazaron el pago a cinco años y nos rebajaron el precio de venta con estratagemas legales. Después compraron Valpan . El resto ha sido una concatenación de despropósitos: nos robaron el nombre, hundieron las tiendas y arrastraron a 140 trabajadores de ambas empresas a la calle», resume. «Hemos hecho panfletos publicitarios para explicar en el barrio que la única Animari era la de José Ortega y Gasset 86. Ha sido una lucha total», comenta.

El otro drama, el laboral, persigue desde noviembre de 2015 a un centenar de los empleados del desaparecido grupo que resultó de las operaciones empresariales. «Nos descolgaron del convenio del sector, nos redujeron los salarios, nos prometieron una rápida recuperación mientras preparaban la liquidación de la empresa Valpan, y nos cierran con premeditación, nocturnidad y alevosía», manifestaron entonces los afectados. «Algunos llegaron a manifestarse delante de la tienda de Ortega y Gasset y les tuvimos que explicar que no teníamos nada que ver con lo que estaban viviendo. Los trabajadores de Animari saben cómo era mi padre, y como ha cuidado siempre de sus empleados. Ha sufrido mucho con todo esto», añade.

A finales del año pasado, los últimos 25 trabajadores que quedaban en las dos tiendas de Manuel Becerra y la calle Alcalá se quedaron también en la calle. «Entre ellas, una de mis hermanas. Se quedó trabajando para ellos junto con uno de mis cuñados después de que vendiéramos y han visto como han manchado, poco a poco, el buen nombre que teníamos», dice desesperada. «Yo ni siquiera podía pasar por delante del escaparate», confiesa.

«Desde el primer día les pedimos por todas las vías que retiraran el nombre de Animari. Compraron la sociedad anónima (Apícola Animari S.A.) pero no nuestra marca comercial. Ni siquiera pudimos reclamarlo judicialmente. No podíamos costear la demanda», expone Isabel. Aún hoy, una vez cerrados los problemáticos locales, los Martínez López mantienen una demanda contra los compradores. «En el acuerdo había un préstamo del que firmaron que se harían cargo y que eliminarían a mis padres, Pedro Martínez y Lola López , como avalistas. Nunca lo hicieron y les han embargado 30.000 euros. Ese incumplimiento de la compraventa nos hubiera dado la llave para resolver el contrato, pero tendríamos que habernos hecho cargo de los 140 trabajadores que dejaban en la calle. Algo materialmente imposible. Estábamos atados de manos», dice. «Mi madre hace un año que salió del hospital por una dolencia. Estoy convencida de que somatizó todos los disgustos que nos hemos llevado», comenta. Tanto Isabel como su hermana Cristina están seguras de que detrás de todo este asunto había una clara operación inmobiliaria. «Lo único que querían era venderlos y lo han logrado», opina.