Desalojo en el Palacio de la Infanta Carlota: «Tenemos miedo a quedarnos en la calle en plena pandemia y con un bebé»

En la casa de Carla y Eduard se amontonan las bolsas de basura y las maletas. En unas guardan la ropa, descolgada ayer por la noche del armario; en otras, los utensilios de cocina y los pañales de su hijo pequeño. El matrimonio lleva un año okupando un piso de la planta tercera del Palacio de la Infanta Carlota (calle de la Luna, 32) y quince en el edificio. «No tenemos sitio al que irnos. Pedimos que no nos echen y nos den una solución», ruega Carla al Ayuntamiento. Los 250 habitantes de este inmueble del siglo XVIII se han despertado esta mañana con la Policía Municipal en su puerta. Su cometido era notificar el desalojo a todos los habitantes: 30 familias entre las que hay 210 adultos y 40 niños .

A las 9.40, los agentes y un técnico municipal han llamado a su puerta. «¿Se quieren ir voluntariamente?», les han preguntado. «No, no tenemos a donde» , han contestado ellos al unísono. Entre finales de febrero y marzo, ambos perdieron su trabajo como camareros. «Podemos pagar un alquiler social de 300 euros, pero no quedarnos en la calle en plena pandemia con un niño de dos años . Eso es lo que nos da miedo», explica Eduard. Cuentan que hace un mes se reunieron con el Ayuntamiento y que la alternativa que les ofrecieron fue compartir piso con una persona desconocida. «No lo aceptamos por el niño, no nos fiamos», afirman. Si no aceptan el desalojo voluntario, el Ayuntamiento denunciará y se abrirá el proceso judicial. «Eso nos da un margen para buscar algo, al menos conseguir trabajo. Todo este tiempo hemos buscado, pero a la gente la están despidiendo. Nos enfrentaremos al proceso al proceso judicial. Mejor eso que en la calle », zanja ella.

La madre de Carla está en la misma situación, pero ella asegura que tiene contrato de alquiler, algo que el Ayuntamiento desmiente. Como su hija y su yerno, ya ha embalado todas las pertenencias por miedo a que hoy los expulsaran. Hasta ha enrollado el edredón y las mantas que antes calentaba su cama. «Cuando me enteré de que este proceso estaba en marcha, contraté a un abogado. No nos pueden echar así », manifiesta Ketty. Pensaba que el Ayuntamiento los reubicaría, algo que hasta ahora no ha sucedido. «No nos vamos a ir si no hay una alternativa. Que nos den alguna ayuda», solicita. Vive con sus otros dos hijos, uno de ellos de diez años.

Al tiempo que la Policía iba puerta por puerta, en la vía pública se concentraba la gente. Las asociaciones por la vivienda ya habían anunciado una convocatoria para las 9. «Vergüenza me daría desahuciar a una familia» , coreaba el medio centenar de personas que se habían dado cita. Las dos sentadas que han intentado realizar han sido levantadas por la Policía, para que no cortasen la calle, abierta al tráfico rodado. Los vecinos también han salido a la vía pública, muchos de ellos con pancartas dirigidas al alcalde. «Señor Almeida, no nos deje sin techo», se ha podido leer en ellas.

Dentro seguían los desalojos. El Ayuntamiento, además del escenario de okupación, señala como motivo del desalojo el estado del inmueble, que se encuentra apuntalado por riesgo de derrumbe . Soraya oía los cánticos desde su salón cuando la Policía ha llamado a su puerta. «Llevó aquí desde 2017 y hasta el año pasado pagaba agua y luz. Ahora, nada. Tengo trabajo, pero estoy de baja y no percibo ingresos. No puedo irme a otro sitio», cuenta la vecina. «Parte de mis ahorros los destino a ayudar a mi madre, que es mayor y vive en Ecuador. Lo que tengo no me llega para alquilar una vivienda, las inmobiliarias piden mucho dinero y no puedo pagarlo», continúa la moradora, que no es al primer desalojo al que se enfrenta. En 2017, la echaron de su casa de Vallecas por no pagar. «Me quedé sin trabajo, tuve que irme dos noches a vivir debajo del Puente de Vallecas. No quiero que me vuelva a pasar eso», recuerda. Dice que ha solicitado ayuda a los Servicios Sociales y se la han denegado: «Que nos den un plazo de un año para poder buscar algo. Si tenemos que luchar por vía judicial, lo haremos ».

Las notificaciones han terminado poco antes de las 10.30. El Samur Social ha estado en preventivo ofreciendo a todos una alternativa de emergencia que ningún morador ha aceptado . La calle también se ha desalojado a esa hora. Los vecinos han regresado a sus casas, sin intención de abandonar aquello que consideran hogar. Dentro de las cuatro paredes del Palacio reinará, durante un tiempo, la calma tensa, con las esperanzas puestas en que la Justicia paralice, o al menos retrase, su expulsión.