Denuncian a concejales de Ahora Madrid y PSOE por regularizar okupas en pisos de la EMVS
Madridlovale acusa de prevaricación y desobedicencia a los concejales Marta Higueras, José Manuel Calvo, Carlos Sánchez Mato y a la socialista Mercedes González
La organización Madridlovale ha interpuesto una denuncia contra los concejales de Ahora Madrid, Marta Higueras , Jose Manuel Calvo del Olmo, Carlos Sanchez Mato y contra la portavoz socialista, Maria de la Mercedes González, por prevariación y desobediencia a la hora de regularizar la situación de okupas en las viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).
A juicio de la entidad, el acuerdo que se toma en el seno del Consejo de Administración de la EMVS para resolver «los criterios para la regularización excepcional de situaciones de ocupación de viviendas sin título suficiente, propiedad de la EMVS o cedidas a ella» —como se denominó— se toma de forma «completamente arbitraria y choca frontalmente con la legislación vigente».
De igual modo, desde Madridlovale entienden, según un comunicado remitido a los medios de comunicación, que los nuevos requisitos dan «prioridad a aquellas personas que se encuentran ocupando de forma ilegal, por no decir delictiva, una vivienda propiedad de la EMVS frente a otras 9.000 personas que cumplen con todos los requisitos exigidos».
Además, acusan a estos concejales que, como miembros del Consejo votaron a favor de este reglamento, de tomar esta decisión para « hacer caso omiso a numerosas resoluciones judiciales condenatorias por delitos de usurpación» y crear una regulación «flexible, fácil de cumplir y tendente a facilitar la regularización de situaciones delictivas sin existir marco legal alguno para poder llevarse a cabo».
Anulación cautelar
Madridlovale ha solicitado como medida cautelar la anulación provisional del acuerdo del Consejo de Administración de la EMVS de fecha 13 de septiembre de 2016, así como del proceso de regularización iniciado en su virtud, ya que consideran que resulta contrario al ordenamiento jurídico y resulta lesivo para los numerosos solicitantes de vivienda de protección inscritos en el Registro de la EMVS.
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