Denuncian al alcalde de Leganés (PSOE) por nombrar «a dedo» a un alto cargo
El partido local ULEG acusa a Santiago Llorente de prevaricar en la designación de su directora general
Nueva polémica en el Ayuntamiento de Leganés, gobernado en coalición por el PSOE y Más Madrid Leganemos. Después de que la Intervención municipal alertase del enorme desfase entre los gastos y la actividad de una empresa pública –desvelado por ABC–, ahora es la oposición quien ha puesto en conocimiento de la Justicia las presuntas irregularidades del nombramiento de la única directora general del Consistorio. El partido local Unión por Leganés (ULEG) ha denunciado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad al alcalde, Santiago Llorente , por prevaricación en la designación de Virginia Moreno como máxima responsable de Nuevas Tecnologías e Innovación, con competencias en once concejalías, a pesar de que ni es funcionaria, ni se cumplieron los principios de oportunidad, mérito y capacidad que exige la ley.
La denuncia de ULEG, presentada el pasado 31 de enero por su portavoz, Carlos Delgado, sostiene que el nombramiento «a dedo» de Moreno –suscrito por decreto del alcalde el 19 de junio de 2019–, podría incurrir en un ilícito penal, habida cuenta de que no se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local. El escrito apunta a Llorente como regidor y a la beneficada por aceptar el cargo a sabiendas de que carece de los requisitos para el puesto , recogido en el artículo 406 del Código Penal.
Además, se basa en el contenido de dos sentencias, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 17 de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que señalaban la ilegalidad de los nombramientos de los directores generales del Ayuntamiento de Leganés en 2014, entonces bajo mandato del PP. Según Delgado, el Gobierno repite el procedimiento.
La beneficiaria accedió al cargo pese a que no es funcionaria ni acreditó sus capacidades, según la denuncia, ya en estudio por el juez
Así, la supuesta prevaricación remite a que Moreno fue elegida sin ser funcionaria del grupo A y sin cumplir los requisitos permitidos como excepción. Tampoco hubo convocatoria pública por parte del Gobierno para la vacante. «La señora Virginia Moreno Bonilla ni es funcionaria, ni se acreditó de ningún modo su mérito y capacidad, ni tuvo competencia alguna puesto que ni hubo selección de ningún tipo (...). Es decir, incumple de manera categórica e indubitable todos y cada uno de los requisitos para ser directora general en un ayuntamiento», expone.
El Gobierno defiende el proceso
Fuentes municipales consultadas por ABC aseguran que no les consta ninguna denuncia y añaden que la designación fue en julio de 2015 y «nadie lo recurrió». Desde el equipo de Gobierno, asimismo, defienden la legalidad del proceso: «La persona nombrada reunía los requisitos establecidos en cuanto a titulación y así consta en el expediente que se configuró siguiendo las indicaciones de la funcionaria con habilitación nacional, que es quien supervisaba los acuerdos que se aprobaban en la Junta de Gobierno».
Las presuntas irregularidades, siempre según el denunciante, se reconocen también en que Moreno ostenta la única dirección general, reflejo de una «falaz maniobra» . Al tiempo que el resto se cancelaron un día antes del acto de posesión de Llorente como alcalde, el 14 de junio, esta se mantuvo con la asunción de competencias de las once concejalías que conforman el Gobierno. Por tanto, obvia la obligatoriedad de hacer un nuevo decreto tras la constitución de la corporación resultante del 26-M. «Sustituye la ley por su capricho y la norma general y abstracta en su pura, arbitraria y unilateral voluntad», insiste la denuncia, ya en estudio por el juez.
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