La delegada del Gobierno pide acelerar los realojos en la Cañada y acabarlos en tres años
Tras su primer encuentro con la presidenta Díaz Ayuso, explica que harán falta 200 millones para esta operación, y que 5 los pondrá el Ministerio de Derechos Sociales
Tres años. Es el plazo que se fija la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González , para acabar con los realojos de la Cañada Real. Una operación para la que pide un impulso de las administraciones, reactivando el pacto que firmaron en 2017 y que desde entonces está dando frutos a una velocidad menor de la que sería deseable. Tras un encuentro, el primero, con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso , la delegada ha asegurado haber encontrado «mucha receptividad» y «buena disposición» del Gobierno regional para terminar con este problema.
Cuando se acaba de cumplir un año de los apagones que han dejado sin luz a las familias del sector seis de la Cañada Real, la delegada González se ha entrevistado con la presidenta Díaz Ayuso y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López . Un encuentro, el primero entre ambos altos cargos institucionales, que pese a lo que se podía esperar por los continuos choques políticos entre los Ejecutivos central y autonómico y por otros roces anteriores, se ha desarrollado con gran cordialidad. Y con dos temas principales sobre la mesa: la Cañada Real y los macrobotellones. Una cordialidad en el encuentro en la que también coincidió el consejero Enrique López.
Respecto al primero, Mercedes González ha propuesto «que se revitalice el pacto» entre administraciones para acabar con este asentamiento ilegal. Y se pone una fecha: tres años para acabar con los realojos, para lo que hay que aportar «cantidades», que ella cifra en unos 200 millones de euros . Y que podría llegar de varios frentes: no sólo de Comunidad y de los ayuntamientos afectados, sino también con contribuciones de los fondos europeos , y del Gobierno central. Por ejemplo, señala que el Ministerio de Derechos Sociales estaría dispuesta a colaborar con 5 millones de euros. Y el de Transporte y Vivienda también contribuiría con sus programas de realojos.
Esta «primera reunión, espero que primera de muchas más» ha demostrado, ha señalado la delegada del Gobierno, que Díaz Ayuso y ella «estamos condenadas a entendernos». Ha adelantado también que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid van a firmar un convenio para el realojo de 160 familias , continuación de otro que ya se ha puesto en marcha. Y que habrá también otro convenio de este tipo con el municipio de Rivas.
La solución a la Cañada Real, ha asegurado por su parte López, se dio hace varios años cuando se firmó el pacto entre administraciones para el desmantelamiento del sector seis. No obstante, ha pedido que «no nos engañemos; hay un problema también delincuencial» en la zona, y «en ese sector 6 también viven 900 familias y hay 1.500 enganches ilegales donde están generando un problema de inseguridad muy importante».
Ha pedido el consejero un «mayor esfuerzo por delimitar e identificar a las personas que están cometiendo delitos con las plantaciones de droga». La solución «ya se encontraba en ese pacto», y ha pedido «una mayor implicación del Gobierno de España, que también tiene mucho que decir contribuyendo con fondos» y otras soluciones para esos realojos necesarios . Si se dan estos refuerzos pedidos, materiales y económicos, ve factible que en tres años se cierre el problema.
A disposición
Desde la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda, la consejera Paloma Martín recordaba que «la aplicación de Fondos Europeos y otros instrumentos para avanzar en realojos fue propuesta el pasado 15 de septiembre a la delegada del Gobierno en la primera reunión de trabajo celebrada en este curso político». En todo caso, asegura, «recibimos de buen grado la decisión y la Comunidad de Madrid, a través del Comisionado como coordinador, estamos a disposición de todas las administraciones implicadas para dar respuesta a las necesidades de Cañada».
Hasta la fecha, el primer convenio con el Ayuntamiento de Madrid «ha permitido que 130 familias hayan sido ya realojadas», y en las próximas semanas «ambas administraciones vamos a suscribir un nuevo convenio, gracias al cual podremos realojar un mínimo de 160 familias más», lo que habrá supuesto una inversión de 52 millones de euros.
De la misma manera que pedimos a la Delegada ese esfuerzo de realojos, también se encuentran avanzadas las conversaciones con el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para poner en marcha actuaciones de realojo.
Respecto a lso 5 millones de euros que propone invertir en la Cañada Real la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, «es un primer paso» pero «dada la dimensión del problema, es preciso un marco de colaboración estable que contemple un compromiso plurianual» de inversiones.
Macrobotellones
En cuanto al botellón, la delegada ha mostrado su preocupación y ha apuntado que ya se están tomando medidas. Por ejemplo, ha apuntado que el Ejecutivo autonómico está elaborando una campaña de concienciación para que los jóvenes no hagan uso de parques, y recordando que el botellón está prohibido desde hace 20 años en la Comunidad de Madrid. Mantener, reforzar y ampliar las plantillas de Guardia Civil en las zonas rurales de Madrid es otra de las peticiones realizadas.
También ha recordado un dato de interés: de los 10.000 asistentes al macrobotellón de este pasado fin de semana en el Parque del Oeste, «unos 200 son los que causaron problemas». Recuerda que hay un porcentaje pequeño de jóvenes que van a estos actos «porque encuentran allí una ventana para cometer delitos como el robo de móviles y otros».
Ante el próximo puente del 12 de octubre -con fiestas populares que casi todos los años han sufrido problemas de seguridad en Madrid-, Mercedes González ha adelantado que este mismo martes, los responsables de Policía Nacional y Policía Municipal de Madrid han mantenido una reunión para preparar el operativo de las «siempre complicadas fiestas del Pilar».
El consejero Enrique López ha insistido en que se están coordinando ambos cuerpos policiales, y ha recordado que se está produciendo por «una minoría» un «momento de delincuencia organizada» en ellos, por lo que le pide a la Delegación del Gobierno «un esfuerzo» en la investigación de ese tipo de delincuencia. Entiende que el Ayuntamiento de Madrid «ha estado muy acertado al trasladarle ese tema a la Fiscalía de Menores». La preocupación es mucha, ha reconocido, ante esta situación.
Ante la eventual llegada de muchos visitantes este próximo fin de semana largo, López ha llamado a la responsabilidad personal -en lavado de manos, etcétera- para evitar rebrotes de la pandemia.
La delegada también ha requerido a la Comunidad de Madrid que firme el protocolo de adhesión al Sistema VioGén (Sistema de Seguimiento integral de los casos de violencia de género), que ha resultado «clave en la protección de estas víctimas». Desde su puesta en marcha, ha recordado, ha dado protección a más de 639.000 mujeres, mientras que en la Comunidad madrieña existían en la actualidad casi 9.000 casos activos.
