Delegación del Gobierno investiga la negativa de Vox a las declaraciones institucionales contra violencia de género

«Por indicaciones del Gabinete de la delegada, necesitamos información urgente ». Así empieza el correo electrónico que la Delegación del Gobierno envió el jueves, al menos, a nueve ayuntamientos de la región sobre las «declaraciones institucionales contra la violencia de género que se hayan presentado en la presente legislatura, y, en relación a ellas, si han sido bloqueadas por partidos políticos con representación en el respectivo Ayuntamiento», tal y como reza el texto al que ha podido acceder ABC.

La petición se produce, aunque sin referencia explícita a Vox, después de que esta formación impidiese con sus votos que las declaraciones institucionales de condena a este tipo de violencia saliesen adelante en consistorios como el de Madrid, Alcobendas, Parla o, incluso, en la Asamblea de Madrid por primera vez en 14 años. En la capital ha provocado que el Gobierno de PP yCs se quede solo en la firma del pacto de agresiones a las mujeres , que se votará en el próximo pleno. La alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán (PP), ha indicado en declaraciones a Efe que es la primera vez que la Delegación, dependiente del PSOE, le insta a emitir información de este tipo. Su partido acusa al PSOE de hacer un uso «partidista» de las instituciones.

El correo, emitido desde una cuenta oficial del gabinete de María Paz García Vera , indica que no hace falta responder con «ningún escrito oficial», sino solo reenviar los datos solicitados, tal y como ha adelantado El Mundo. «La pretensión del mail es saber si los ayuntamientos tienen algún problema o sufren algún bloqueo para poder llevar a cabo los convenios de violencia de género que la Delegación tiene con ellos en el sistema Viogén », explican fuentes del organismo, que insisten en que es una comunicación habitual antes del 25 de noviembre, día contra la Violencia de Género.

La intención es, según indican en la Delegación y tras obtener las respuestas, plantear cuestiones en las juntas locales de seguridad para saber a qué adversidades al respecto se enfrentan los municipios y poder darles soluciones, pero «sin ninguna intencionalidad política ».