El Colegio de Interventores irá a los tribunales si el cese en el Ayuntamiento de Madrid fue ilegal

El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local (Cosital) acudirá a los tribunales y «actuará como en derecho proceda» si se ha producido alguna vulneración de las reglas jurídicas en el cese de la hasta ahora interventora general del Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Vigo. En un comunicado, el colegio indica que el Consistorio de la capital deberá argumentar la destitución basándose de forma estricta en razones técnicas y suficientemente motivadas.

Según han indicado en una nota de prensa, «los procesos de remoción de estos servidores públicos han de efectuarse mesuradamente, con especial respeto a las reglas jurídicas aplicables». Esto implica que se deben regir por «los principios de audiencia, contradicción y motivación cuidadosa y esmerada de las razones objetivas por las que puede producirse han de ser respetados y cumplidos con el rigor que este tipo de decisiones requiere», subraya el escrito.

Además, la destitución de la interventora tiene que comunicarse por parte del Consistorio teniendo presente «los derechos y la dignidad profesional de la interventora». El Colegio recuerda que los interventores en los ayuntamientos son funcionarios públicos, es decir, « no son altos cargos de naturaleza política sometidos a las reglas específicas de este tipo de confianza, como ocurre en las comunidades autónomas». La propia Secretaría General de Coordinación autonómica y local del Estado, también advirtió al concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que no cabía suspender de su cargo a la interventora por meros intereses políticos o de «confianza».

En el escrito que mandó Sánchez Mato a Hacienda se limitó a alegar que pretendían buscar «un p rofesional de reconocido prestigio en el que se aúnen los conocimientos técnicos adecuados con una importante trayectoria profesional». Y que además de ejercer las funciones propias del cargo –fiscalización de las cuentas y control económico-presupuestario– asesorara en la materia al gobierno municipal. Pero no detalló por qué entienden que esas capacidades no las ostenta la actual interventora.

El Ministerio ha advertido a Sánchez Mato, con una larga argumentación basada en la ley y en la jurisprudencia, de que la condición de un interventor como puesto de libre designación no significa que pueda ser removido arbitrariamente.