Ciudadanos exige una auditoría de las tarjetas de crédito y del patrimonio de la Comunidad de Madrid

Ciudadanos ha presentado este miércoles al Gobierno de Cristina Cifuentes un listado con las áreas de gobierno y entidades públicas que exige auditar , según consta en el quinto punto del acuerdo de investidura firmado en junio con el PP. El líder regional, Ignacio Aguado, le ha facilitado a la presidenta madrileña el documento pendiente con las materias del estudio que deberá encargarse a la Cámara de Cuentas . En total, son 17 auditorías , que deberían estar listas para finales de junio, según el acuerdo.

Ciudadanos ha pedido un inventario del Patrimonio de la Comunidad de Madrid y también un informe sobre cuántas tarjetas de crédito se han repartido en la administración regional en los últimos cinco años. Aguado quiere que se motiven por qué se concedieron, a quiénes y cuánto gastaron.

También ha pedido que se fiscalice: el gasto sanitario y farmacéutico , así como la educación pública no universitaria en los últimos cinco años. También quiere una lupa sobre la gestión de la Dependencia y las políticas activas de Empleo.

Otro informe deberá fiscalizar todos los contratos firmados desde la Comunidad con empresas involucradas en las tramas corruptas Púnica y Gürtel. «Queremos saber si han existido vínculos permanentes, arrojar algo de luz», ha señalado Aguado.

También ha encargado tres análisis sobre la situación financiera y patrimonial de las 41 sociedades mercantiles dependientes de la Comunidad, las 41 fundaciones públicas y los 29 consorcios . Por último, ha solicitado auditorías integrales de los últimos ocho años del Campus de la Justicia, del Canal de Isabel II, de la agencia de informática regional ICM, así como de Telemadrid.

«Queremos tener una radiografía de la Comunidad de Madrid, saber cómo se ha gestionado el dinero de todos. El objetivo es aprender de los errores y poner los mecanismos para que no se repitan», ha reseñado Aguado

El consejero de Presidencia y portavoz, Ángel Garrido, ha asegurado que el Gobierno de Cifuentes apuesta por «la máxima transparencia», por lo que mantiene el compromiso de trasladar esta petición a la Cámara de Cuentas, para que sea este órgano fiscalizador el que resuelva cómo proceder.