Revés a Cifuentes: no puede paralizar la Ciudad de la Justicia

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha declarado nula la orden, de 17 de noviembre de 2015, del Gobierno de Cristina Cifuentes por la que pretendía enterrar el polémico proyecto de la Ciudad de la Justicia. En su resolución fechada el 12 de enero, el tribunal autonómico estima el recurso interpuesto por Acciona y OHL contra la decisión del Ejecutivo de desistir de la licitación, al considerar que se vulnera el «principio de confianza legítima». Estas dos empresas eran las potenciales adjudicatarias del contrato de «redacción del proyecto de ejecución, construcción y explotación» de la Ciudad de la Justicia -cifrado en 771 millones de euros y una duración de 30 años-. El procedimiento de adjudicación fue abierto en febrero del año pasado por el anterior equipo de Ignacio González y estaba pendiente solo de la firma del nuevo Gobierno.

Sin embargo, el equipo de Cifuentes, que siempre desconfió del proyecto, consideró que la licitación estaba «viciada de origen» y la paralizó. El motivo era que había litigios pendientes con anteriores contratistas del viejo Campus de la Justicia, ideado en 2004 por el Gobierno de Esperanza Aguirre y enterrado por la crisis. Se da la circunstancia de que es el mismo Tribunal Administrativo que ahora enmienda a Cifuentes el que advirtió a la Comunidad de que no podría adjudicar el nuevo contrato de la Ciudad de la Justicia mientras no se resolvieran los flecos pendientes del Campus con la primera contratista: la empresa Corvián-Corsán. El anterior equipo de González obvió este aviso. Consultados por el nuevo gabinete de Cifuentes, los servicios jurídicos de la Comunidad avalaron la orden de desistir de la nueva adjudicación al entender que existía «incerteza» jurídica ante las reclamaciones interpuestas . Y la presidenta regional frenó todo el proceso.

Pero ahora el Tribunal de Contratación advierte de que, si bien no se podía adjudicar, tampoco cabe el desistimiento de la licitación y obliga a la Comunidad a mantener abierto el procedimiento de adjudicación a la UTE Acciona-OHL. «Resulta patente que, una vez apreciada por este Tribunal la existencia de una causa impeditiva de la adjudicación del contrato, que obligaba a su no adjudicación, hasta tanto se hubiera resuelto el mismo (...) no cabe, so pena de vulnerar el principio de confianza legítima y de vinculación de los actos propios, el desistimiento de la licitación», dice el tribunal. Ante este revés, inesperado, el Gobierno de Cifuentes estudia ahora la opción de recurrir esta resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para lo que tiene dos meses de plazo.

Se calcula que este plan fallido -solo existe un edificio construido, de los 15 que se proyectaron- ha dejado un quebranto patrimonial de 105 millones de euros.