La juez procesa a Cifuentes por su máster en la URJC: irá a juicio por falsedad documental
La magistrada cierra la instrucción y procesa a la expresidenta regional, al director del Instituto de Derecho Público Autonómico, Enrique Álvarez Conde, a la profesora Cecilia Rosado y la exasesora Maite Feito
Cristina Cifuentes irá a juicio por el caso máster . La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha procesado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid por un delito de falsedad documental en relación a las presuntas irregularidades en el posgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El escrito, fechado hoy –28 de noviembre–, incluye al exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico, Enrique Álvarez Conde , a la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora de Educación Maite Feito Higueruela .
El auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– da por cerrada la fase de instrucción y dispone la apertura del juicio oral , que llegará en el momento en que se formulen los escritos de acusación. Contra este escrito cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación, dentro de los tres días siguientes a su notificación.
La juez considera que las explicaciones de Cifuentes durante su declaración, del pasado verano, «no resultaron creíbles». Como informó ABC, la que también fuera presidenta del PP de Madrid aseguró entonces que sí cursó el máster, pero si no lo tenía es porque lo perdió en una mudanza . «Significativo es el hecho de que no conserve copia del trabajo, ni de los sucesivos borradores, ni de cualquier correo electrónico en el que remitiera el mismo o lo sometiera a corrección del profesor Álvarez Conde o cualquier correo electrónico de este corrigiéndolo», señala en el auto.
También incide en la inverosimilitud de que, dada la fecha en la que se cursó, no quedase constancia por un correo electrónico. «No parece verosímil que en 2012 obviaran esta forma de comunicación (tan ágil, sencilla, rápida, accesible) y fuera todo manual».
Falsedad documental
El delito de falsedad documental, imputado a todos los procesados, remite a la investigación sobre el acta del Trabajo de Fin de Máster que Cifuentes mostró en la Asamblea para defenderse. No obstante, se archiva provisionalmente la modificación de las actas de convalidación de asignaturas en la inexistente Comisión de Garantía de Calidad del Máster. Queda demostrado, según el informe pericial de caligráfica, que las firmas de las profesoras presentes en este documento –salvo la de Rosado– fueron falsificadas.
La docente Rosado fue quien presuntamente arregló ese acta para que la expresidenta regional se justificase en la Asamblea. Feito Higueruela, en ese sentido, fue quien presuntamente presionó a la profesora para que falsificasen la documentación. «O arregláis esto o Cristina os mata» , espetó, supuestament,e el mismo día en el que se conoció el escándalo, según el testimonio de Rosado ante la juez. Álvarez Conde, que se negó a declarar en todas sus citaciones, estaba presente en las cuatro piezas del caso.
Aunque la entonces asesora argumentó en su declaración judicial que si estuvo en la URJC fue porque tenía una reunión, lo cierto es que el dictamen de la magistrada es muy contundente. «Cabe indiciariamente concluir que el único motivo por el que doña Teresa Feito se encontraba en la URJC el día 21 de marzo de 2018, en plena vorágine de las crisis vivida con ocasión de la publicación de la noticia, era porque seguía instrucciones de doña Cristina Cifuentes para realizar los actos que fueran necesarios para facilitar una solución que no perjudicara sus intereses».
Archivo del caso de Montón
El procesamiento de Cifuentes llega en paralelo al archivo del caso de Carmen Montón , tras una denuncia anónima contra la exministra de Sanidad por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación, también sobre su título en la URJC. La titular del Juzgado de Instrucción número 51, que remitió sin éxito el máster de Casado al Supremo, ha atendido al criterio de la Fiscalía y ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones «al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna».
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