Carmena recurre a la Fiscalía para cerrar locales por la vía penal

El Ayuntamiento de Madrid ya tiene claro cómo acabar con todos aquellos establecimientos de la ciudad donde se incumple reiteradamente con la normativa ocasionando graves perjuicios de convivencia para los vecinos durante años: la vía penal. El Consistorio se ve de manos atadas con muchos locales de la ciudad que acumulan decenas de quejas, multas y hasta sanciones de cierre . Los dueños de estos negocios cambian de personalidad jurídica para poder seguir con la misma actividad sin hacer frente a los pagos y la orden de clausura, lo que lleva a la Administración a tener que volver a iniciar todo el proceso con la nueva entidad mientras los infractores continúan funcionando. A partir de ahora, estos casos acabarán en los Juzgados de lo Penal. La Junta de Gobierno ha acordado este jueves recurrir a la Fiscalía para que se acuse a los propietarios de estos recintos de un delito de insolvencia punibl e.

La portavoz municipal, Rita Maestre , ha informado de que se ha estudiado esta problemática en una comisión específica para analizar la eficacia de procedimientos sancionadores. «El Ayuntamiento no puede dar una respuesta eficaz», ha asegurado. Por esta razón, a partir de ahora comunicarán a la Fiscalía «los problemas enquistados» con informes de Policía Municipal complementados con informes de Medio Ambiente y de la Agencia Tributaria.

«Hemos considerado que existe un delito de insolvencia punible que tiene que tener recorrido judicial no en el ámbito administrativo sino en el ámbito penal», ha afirmado la concejal de Podemos. Maestre ha relatado que existen «entramados empresariales» que se declaran insolventes cuando llega un procedimiento sancionador, pero a continuación lo legalizan siendo las mismas personas con otro nombre jurídico.

El Consistorio será acusación particular en estos procedimientos cuando el Ministerio Fiscal vea indicios de delito. Por ahora se han iniciado acciones contra dos locales y se tienen contabilizados otros doce establecimientos que cometen «graves y urgentes» infracciones que se tienen que zanjar porque afectan a la seguridad, como lo es la superación del aforo permitido. Madrid espera lograr «mayor agilidad y efectividad» para abortar cuanto antes estas prácticas ilegales. Al menos de una forma más rápida que la que permite la burocracia administrativa.