Carmena pagará otra vez a una empresa para fiscalizar la gestión anterior del PP
El Ayuntamiento saca a concurso un contrato de 50.000 euros para hacer una «auditoría ciudadana». El adjudicatario «captará» y moderará al grupo que realizará el análisis de los temas
El Área de Economía y Hacienda que dirige Carlos Sánchez Mato vuelve a tirar de empresa externa al Ayuntamiento de Madrid para fiscalizar la gestión del Partido Popular durante sus últimos años de gobierno. La era Botella y la era Gallardón continúan estando en el punto de mira de Ahora Madrid y, con el fin de encontrar irregularidades, han solicitado una vez más a golpe de contrato, en este caso de 53.768,46 euros , «la elaboración de un estudio cualitativo sobre los servicios externalizados a lo largo de las últimas legislaturas». Caso omiso al funcionariado. Lo que quiere conocer el gobierno del cambio es qué piensa la gente sobre los servicios municipales.
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Ayer se licitó el contrato para llevar a cabo esta encuesta o « auditoría ciudadana » de Manuela Carmena . El adjudicatario, que se decidirá el próximo 25 de octubre, se encargará de elaborar un informe final tras seis meses escuchando a los ciudadanos que ellos mismos elijan en sus foros locales –una herramienta de Ahora Madrid que ha echado a rodar este año para dar cabida a la «democracia participativa» y donde el concejal de la Junta Municipal de Distrito siempre es el que ejerce de presidente–.
Temas remunicipables
La empresa que se encargue de este cometido será responsable, dice la oferta, del «diseño del grupo -compuesto por entre 5 y 10 integrantes– y definición de perfiles»; «captación de participantes»; «moderación y dinamización del grupo»; «organización logística, incluyendo las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades»; «grabación y transcripción»; «análisis» e «informe de resultados».
Los ciudadanos escogidos discutirán sobre las áreas que Ahora Madrid siempre ha tenido en mente remunicipalizar , aunque está atado de manos y contratos heredados para hacerse con su control. Se trata de la limpieza, la recogida de residuos y zonas verdes; servicios sociales, atención a la dependencia y asistencia a domicilio; educación infantil, e instalaciones deportivas.
No solo pretende ahondar Ahora Madrid en la percepción del servicio por parte del usuario, sino conocer las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas contratadas durante los mandatos del PP, incluyendo la conciliación, los salarios y la satisfacción en el puesto de trabajo.
«Promesa electoral»
Las auditorías ciudadanas eran uno de los pilares del programa electoral de Ahora Madrid para analizar la gestión económica, los procesos de privatización y la deuda municipal para «reestructurar» y llevar a cabo la «reversión» de esas políticas.
Desde este diario se pidió ayer una valoración a los grupos municipales de la oposición. Solo el Partido Popular se pronunció al respecto. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, manifestó que iban a exigir toda la información sobre este y todos los contratos realizados a través de esta subdireccion «inquisitorial» dependiente del área de Sánchez Mato. «De momento, podemos decir que parece ser que el Ayuntamiento va a licitar un contrato que no es sino una externalizacion de servicios donde se salta a los funcionarios para continuar la causa general y persecución contra gobiernos anteriores», destacó. A juicio de Martínez-Almeida, «como los funcionarios no le están dando la razón, el gobierno de Carmena, siguiendo la estela de lo que ocurrió en el caso del Open de Tenis, gasta dinero en contratar trabajos externos para elaborar informes que refrenden las tesis de Sánchez Mato, imputado y representante del ala dura de Ahora Madrid».
El delegado de Economía y Hacienda, procedente de las filas de Izquierda Unida, quiere levantar las alfombras de las obras de la M-30, la Caja Mágica, el Open de Tenis y Mercamadrid . En estos momentos, sus indagaciones, avaladas por informes jurídicos externos, le han costado su imputación -y la de Celia Mayer, ahora delegada de Igualdad– por la presunta implicación en los delitos de malversación de fondos, prevaricación y delito societario al encargar dichos documentos a una empresa ajena a Madrid Destino –pero pagada con sus fondos– para denunciar ante la Fiscalía el Open de Tenis de Madrid. Fue el PP el que denunció este procedimiento ante la Justicia y, hasta el momento, se mantiene la investigación.
