Carmena no sabe a cuántos «sin papeles» beneficia su «DNI» sin validez legal
La alcaldesa quiere que Interior los regularice tras un curso de empleo, lo que contraviene la ley. También pretende, sin tener competencias, que posean el abono de transportes
En España sólo hay tres documentos oficiales para identificarse: el DNI o NIE, el pasaporte y el carné de conducir. Todos ellos son de competencia estatal, expedidos por Ministerio del Interior, y son los que permiten acceder a todos los servicios sociales de los que dispone el sistema. Pero el Ayuntamiento de Madrid de nuevo quiere atribuirse una facultad que le queda grande y se sale de sus lindes, como ya ocurrió en 2015 cuando el partido de Manuela Carmena aseguró en campaña electoral –e incumplió rápidamente– que paralizarían los desahucios. La alcaldesa anunció ayer por sorpresa que en el próximo mes de julio la Corporación comenzará a tramitar el «DNI» para inmigrantes en situación irregular . Fue tan inesperado el anuncio que ni siquiera los socios de Gobierno y promotores de la iniciativa, el Partido Socialista, conocía los pormenores definitivos de la medida. Esta mañana, de hecho, se reunirán a toda prisa con el equipo de Gobierno para por la tarde dar una rueda de prensa conjunta con la responsable de Equidad y Derechos Sociales, Marta Higueras.
La regidora madrileña adelantó el aterrizaje de la bautizada como «tarjeta de vecindad» durante su intervención en el Global Compact sobre inmigrantes, un encuentro en el que participaron también el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro , y el presidente de la Comunidad madrileña, Ángel Garrido . Ante ellos, avanzó que desde «la primera semana de julio» se repartiría en la capital este documento. Para ello se han reservado 100.000 euros y la beca , «en una primera fase», de doce cursos en la Agencia para el Empleo, confiaron desde Equidad. Se desconoce cuántas tarjetas se distribuirán porque no se sabe la acogida que tendrá entre el colectivo migrante ni el número de irregulares que hay en la ciudad.
En Barcelona, donde comenzó a funcionar en noviembre pasado, ya se han repartido 8.000. Su éxito ha animado al Ayuntamiento madrileño a ponerla en marcha, pese a las dificultades legales reconocidas por la delegada del Área el pasado mes de diciembre en comisión. Higueras reconoció que lo más importante de la tarjeta era « poder acceder a una vivienda y a los cursos de la Agencia para el Empleo». Sobre la primera ventaja, dijo entonces que se podrían apuntar como solicitantes de una vivienda , pero si les toca por sorteo, no se les podría hacer nunca un contrato de alquiler legal porque no tienen una identidad acreditada. Lo mismo ocurriría con la contratación de suministros. Sobre la formación, reveló que ya se estaba haciendo.
Sin influencia municipal
Ante esta tesitura, lo que se pretende desde Cibeles es que la persona irregular pueda acreditar el arraigo ante los jueces empadronándose en un centro de asistencia del Samur Social. El objetivo, evitar la expulsión . A su vez, con esta tarjeta podrían acceder a centros culturales y polideportivos de la ciudad. El resto de promesas dependen de otras administraciones. Esperan, por ejemplo, que con este nuevo documento, el Consorcio Regional de Transportes les permita obtener el Abono de Transportes . Sin embargo, desde este órgano dependiente de la Comunidad de Madrid explicaron ayer que para conseguir un abono hace falta un documento oficial, y no tienen datos suficientes para saber si la tarjeta podrá ser considerada como tal.
Sobre la asistencia sanitaria , Carmena tampoco tiene competencia. Pese a que la actual normativa estatal impide que alguien sin papeles pueda tener la tarjeta sanitaria, en la región, desde 2015, los inmigrantes no identificados pueden acceder al sistema como cualquier otro madrileño, incluida la financiación farmacológica.
Como esta iniciativa –propuesta por el Partido Socialista y aprobada en Pleno el 26 de octubre de 2016 con los votos de AM– se queda corta y llega acelerada a menos de un año de las próximas elecciones, el Gobierno municipal va a proponer al Ministerio de Interior que conceda, de manera extraordinaria, permiso de residencia y trabajo a los inmigrantes que posean este «DNI». «No tiene ninguna validez. El Ayuntamiento no posee competencias para dar un DNI. Es tarea de Interior y de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras», informaron desde la cartera que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska (PSOE).
Manuela Carmena reveló ayer haber «luchado a brazo partido» para sacar adelante la «tarjeta de vecindad». Hay que comprobar en qué queda.
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