El Ayuntamiento «desbloquea» el embrollo judicial de los Desarrollos del Sureste y volverá al plan de 1997

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado hoy ante los representantes de las juntas de compensación de los Desarrollos del Sureste que volverán a impulsar el plan de 1997 que contemplaba la construcción de 104.000 viviendas frente a las 53.000 que planteaba la anterior corporación. Como primer gesto de buena voluntad, el gobierno de PP-Cs «desbloqueará» el embrollo judicial en el que estaban los expedientes.

Por un lado, el Consistorio retirará el recurso de casación ante el Tribunal Supremo que había interpuesto el equipo de Manuela Carmena para defender su plan director. Este plan que reducía casi a la mitad el número de viviendas disponibles y fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por no ajustarse a la Ley del Suelo, ya que consideraban que este instrumento no era el adecuado para tramitar los expedientes. Al retirar el recurso, la anulación se convertiría en firme.

Por otro lado, como la Justicia paralizó el Plan Director que presentó el Ayuntamiento en enero, el gobierno de Carmena recurrió a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 para actuar tramo a tramo. Se trataba de una fórmula legal que le permite esquivar la decisión judicial. Estas propuestas, si se llegan a aprobar de forma definitiva, suponía la disolución de las actuales Juntas de Compensación de los Cerros y Valdecarros , que engloban los suelos de todo el ámbito que abarca esta modificación. Sin embargo, el nuevo Ayuntamiento también pretende archivar los trámites que inició Carmena para mantener intacto el plan de 1997.

De esta manera, según ha explicado el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs), se acaba con la «judicialización del urbanismo» y se garantiza «seguridad jurídica» a todo el plan. «Madrid se enfrentaba a una reclamación patrimonial de 1.400 millones por reducir a la mitad las viviendas», ha recordado el delegado, que ha anunciado un «plan de choque» para agilizar las licencias urbanísticas y que se acorten los plazos de construcción.