La Audiencia Provincial de Madrid reabre la investigación sobre la muerte de ancianos en residencias
Los magistrados piden tomar declaración a los responsables de implementar los protocolos Covid en cada una de los centros
La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la causa que investiga la muerte de ancianos en varias residencias de Leganés durante la primera ola de la pandemia y que fue sobreseída en julio. Las querellas, interpuestas por familiares de los residentes, afectaban a los centros Aralia Servicios Sociosanitarios Parque de los Frailes, Amavir-El Encinar, Vitalia y Domus Vi Leganés, así como a sus directores y algunos responsables políticos de la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentran la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y el consejero de Interior y Justicia Enrique López.
Los magistrados de la sección número 23, en un auto adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso ABC, reabren ahora parcialmente la investigación y manifiestan que «para adoptar una decisión jurídicamente fundamentada sobre conocimientos médicos y que esclarezcan los hechos» relacionados con el retraso en el traslado hospitalario de algunos pacientes o la no derivación al hospital de otros es necesario «tomar declaración a los responsables de implementar los protocolos de actuación frente al Covid-19 en cada una de las residencias», a los responsables médicos de cada uno de los centros y, en calidad de testigos, a los responsables del servicio de Geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa , que era el de referencia.
Las querellas de los familiares están dirigidas a los equipos de las residencias por presuntos delitos de homicidio imprudente , lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Leganés decidió archivar las denuncias, referidas a la primera ola de la pandemia, al considerar que fue el Covid el que hizo enfermar a los afectados, y «no la actuación de los directores o de los consejeros». «En todos y cada uno de los casos, es la enfermedad la que produjo el resultado lesivo , drástico cuando terminó en fallecimiento, y menos doloroso cuando se trató de personas que consiguieron recuperarse», afirmó la magistrada.
Asimimo, Ayuso y los consejeros fueron excluidos del procedimiento puesto que al ser aforados su enjuiciamiento es competencia del Tribunal Supremo y la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y no de un juzgado de Instrucción.
La juez también consideró, respecto a la omisión del deber de socorro, que la situación era «de colapso absoluto en el sistema sanitario, con tratamiento de una enfermedad desconocida con herramientas aún no probadas y de las que se desconocía su eficacia, y contagio masivo del personal sanitario y asistencial de las residencias que pusieron en peligro sus propias vidas para intentar salvar al mayor número posible de gente».
