La asfixia económica obliga a 146 municipios a pedir un rescate a Ayuso
La crisis originada por el Covid-19 lleva a incrementar las ayudas para pagar gastos corrientes a los ayuntamientos, algunos en quiebra
La crisis del coronavirus está provocando, por desgracia, una tormenta perfecta en todos los sentidos: sanitario, económico, social y asistencial. Y las ayudas del Gobierno de la Nación están tardando en llegar. Y ayer, cuando se conoció el «acuerdo» en la FEMP para permitir utilizar el superávit de los ayuntamientos en gastos derivados de la pandemia, la situación ya era nefasta en muchos municipios. La Comunidad de Madrid está siendo la administración que se encuentra inyectando liquidez a multitud de localidades de todo signo político y zonas de la región para que, literalmente, puedan llegar «a fin de mes». Y hay algunos que se encuentran directamente en bancarrota.
Son ya 146 de los 178 municipios (la capital no entra en esta iniciativa) los que se han adherido al Programa de Inversión Regional (PIR) que coordina la Consejería de Vivienda y Administración Local, que dirige David Pérez. Se trata de un «rescate» económico que lleva años en marcha pero que, debido a la situación actual, se ha convertido en imprescindible para que estas ciudades puedan pagar sus nóminas, facturas y demás gastos corrientes que son esenciales para su funcionamiento.
La gran mayoría de esos alcaldes han solicitado una partida del 25%, la habitual, pero hay catorce ciudades y pueblos más que han pedido que se incremente ese porcentaje, debido al enorme desembolso que están realizando en ayudas, por ejemplo, o al apabullante menor ingreso por impuestos y tasas municipales. La mayoría de estos últimos son localidades de menos de 5.000 habitantes , las más castigadas por el desempleo y el frenazo económico.
«Hay que tener en cuenta que los ingresos por IBI, por ejemplo, están descendiendo. O que, si se puede pagar en varios plazos, se va a fraccionar en más... Y, además, estos municipios están poniendo en marcha ayudas económicas y sociales», explica la directora general de Administración Local de la Comunidad de Madrid, Nadia Álvarez.
Indica, además, que se trata de un incremento para el gasto corriente, «apoyarse en la economía en vez de en las inversiones». «Prefieren la liquidez a la inversión» , remacha. Por ejemplo, en esta coyuntura, resulta obvio que es más importante pagar las nóminas de los policías y funcionarios que construir un nuevo centro cultural para el pueblo.
El Plan de Inversión Regional no es algo novedoso, pero tampoco existe en todas las comunidades autónomas. En Madrid existe desde hace más de 25 años. Pero el momento actual (y la perspectiva de futuro) solo ha sido superado por el desastre de la Guerra Civil y la posguerra. El PIR actual corresponde al cuatrienio 2016-2019, pero el Gobierno regional lo ha prorrogado un año más. Son 700 millones en total, de los que se han consignado 130 (de los que finalmente se entregarán 110) en dos plazos: el próximo diciembre y en enero. Serán dos partidas de 50 y 60 millones de euros. Y ya se trabaja en el próximo plan, 2021-2025, que estará dotado con otros 1.000 millones de euros.
«La incidencia del Covid –insiste Álvarez a ABC– es tal, que habíamos apostado por poder usar más del 25%. Visto lo ocurrido hemos aprobado un decreto por el que ya ponemos en marcha todo el mecanismo burocrático necesario. Así, de manera excepcional, se puede solicitar más de ese 25%». Eso sí, todo convenientemente argumentado en los informes de los interventores municipales de cada municipio. En él deben especificar la situación negativa por la que pasan y la necesidad real de contar con ese dinero para gastos corrientes. Además, esto les ayudará a poder confeccionar sus presupuestos de cara a 2021.
También los más ricos
Nadia Álvarez, asimismo, revela que se han multiplicado por cinco las solicitudes de los ayuntamientos madrileños para poner en marcha ayudas que no supongan caer en una duplicidad. Este es un requisito indispensable para que la Comunidad les dé luz verde para llevarlas a cabo. Por el último Consejo de Gobierno, por ejemplo, pasaron 13 de estas peticiones. Y abarcan a todo tipo de localidades, desde ricos como Boadilla del Monte a otros menos renta per cápita, comoCoslada, Móstoles o Rivas Vaciamadrid. En esa situación hay ya alrededor de una treintena de consistorios, y ese crecimiento, está claro, se debe a los estragos económico-sociales de la pandemia.
La situación ya es casi terrorífica en localidades como Parla, que se encuentra «en quiebra total». En esta última solicitud económica no ha podido participar, puesto que ya pidió el 90% (que es el máximo legal) hace cuatro años, pues arrastra una deuda (que en su día fue la mayor de España, proporcionalmente), derivada del despilfarro. Se le entregaron a cargo del PIR del orden de 9 millones de euros. Si no fuera por este programa, directamente, no estaría pagando las nóminas de los empleados municipales de esta localidad de 120.000 habitantes. Otro municipio que pidió el 50% es Valdemoro, cuya situación endeble es conocida a raíz de los casos de corrupción.
Las localidades que han pedido más del 25 por ciento son: Brunete (65 por ciento), Camarma de Esteruelas (65 por ciento), Canencia (33,3 por ciento), Chinchón (36,5 por ciento), El Molar (65 por ciento), Móstoles (76,49 por ciento), Tres Cantos (44 por ciento, por una reclamación judicial de 21 millones que debe afrontar) y Valverde de Alcalá (45 por ciento). Ahora, tienen hasta el 15 de septiembre para enviar toda la documentación y facturas.
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