La Asamblea examina los 4.461 contratos de emergencia por Covid en Madrid
La Cámara de Cuentas los ve correctos en su mayoría, salvo en «contadas ocasiones» en que detecta irregularidades
La Comunidad de Madrid formalizó 4.461 contratos de emergencia en el año 2020, con motivo de la pandemia por Covid. Tenían un valor de 945,9millones de euros . La Asamblea pidió a la Cámara de Cuentas que los fiscalizara. El anteproyecto de este informe se ha dado a conocer, coincidiendo con el pleno que hoy celebrará la Asamblea, y en el que se pedirán y darán explicaciones sobre ellos . En sus conclusiones, «la mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación», aunque en algunos casos se detectaron irregularidades.
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Para esta labor de fiscalización, la Cámara de Cuentas solicitó en febrero de este año la relación de contratos realizados a la Consejería de Economía y Hacienda, que se los hizo llegar en dos entregas, que sumaban los 4.461 señalados. De ellos, la Cámara seleccionó una muestra representativa de 263 expedientes, por un importe total de adjudicación de 337.476.693,20 euros. Sus conclusiones reflejan que «la mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación».
Sin justificar
No obstante, indica también que en cuatro expedientes revisados no se justifica debidamente el recurso a la tramitación de emergencia - se compraron ecógrafos, equipos de mamografía, un sistema robótico de cirugía y unas obras en un hospital que no tenían relación con la pandemia-; en 42 casos no se dio cuenta del contrato al Consejo de Gobierno y en 109 se hizo fuera de plazo; y cuatro contratos no se publicaron en el perfil del contratante. En sus recomendaciones, el informe aconseja «establecer un marco legal y un protocolo procedimental para emergencias y extremar el celo en el cumplimiento de los procedimientos administrativos».
El portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, considera «muy positivo» este anteproyecto de informe, que aún está pendiente de recibir alegaciones del ejecutivo autonómico: «El 98,5 por ciento de los contratos han dicho que están perfectamente bien, y sólo en el 1,5 restante hay algún problema administrativo», resumió.
Del total de contratos tramitados por el procedimiento de emergencia, la mayor cuantía -más de 418 millones de euros- fueron para material sanitario, de prevención y protección, lencería, ropa y calzado. Para gastos de laboratorio, pruebas de test y traslados de muestras, se efectuaron contratos por 148,7 millones de euros. Para obras o servicios de mantenimiento y creación de espacios para el Covid se contrataron actuaciones por 130,7 millones de euros. Y para e quipamiento, maquinaria y mobiliario, 97,3 millones. Estas son las partidas más importantes, junto con las dedicadas a limpieza, desinfección, hidroalcohólico, desinfectantes y lavandería, que se llevaron 39,3 millones de euros. Los meses con más gasto en este tipo de contratos fueron los de marzo -123,7 millones-, abril -133,2 millones-, junio -157,6 millones- y agosto -122,9 millones.
«Corruptelas»
Todos estos detalles se desmenuzarán hoy en un pleno monográfico de la Asamblea de Madrid que se presume tenso, por las acusaciones lanzadas por la oposición de izquierdas contra el Gobierno de Ayuso. Una sesión plenaria cuya celebración ha sido posible gracias al Grupo Popular, que no se opuso en Junta de Portavoces a la petición realizada en su día por Vox , que fue apoyada por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.
El anticipo del ambiente que se vivirá hoy en el pleno de la Cámara regional lo ofrecieron ayer los grupos de la oposición en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces. Desde Unidas Podemos, Alejandra Jacinto llegó a utilizar la palabra «corruptelas», al afirmar que el Gobierno popular «ha convertido la contratación de emergencia en una regla general para eludir el control e incurrir en corruptelas».
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio , se mostró más cauta y subrayó que la única intención de su grupo parlamentario con este pleno es aportar «transparencia a la contratación» y conocer estos contratos, en su objetivo de «velar por el dinero de los contribuyentes. Estamos haciendo un ejercicio de control. Queremos que cada euro que salga del bolsillo del contribuyente sepamos exactamente dónde va, en qué se ha utilizado y qué resultados ha tenido».
Al final del pleno, cada grupo parlamentario llevará sus propuestas de resolución.
