Anticorrupción se querella contra dos comisionistas que sacaron más de 6 millones al Ayuntamiento por mascarillas
Los dos empresarios inflaron un 148% el precio del material para el personal del consistorio
Señala a Luis Medina, hijo del duque de Feria, por aprovechar «su amistad con un familiar del alcalde» para conseguir el contacto
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella en los Juzgados de Instrucción de Madrid contra los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, a la sazón hijo del difunto duque de Feria y Nati Abascal, por llevarse comisiones millonarias en una operación de venta de material sanitario de primera necesidad al Ayuntamiento de Madrid y en plena pandemia. Inflaron el precio de los productos, -mascarillas, guantes y tests-, un 148% simulando que eran representantes exclusivos de una empresa malaya con fábricas en China. Habrían obtenido más de seis millones de dólares de beneficio neto.
La querella es fruto de una investigación que se inició en 2020 y lo es por delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales . Se dirige contra los dos empresarios por la firma de tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid en nombre de la mencionada empresa malaya para comprar un millón de mascarillas por 6,6 millones de dólares, 2,5 millones de guantes por 5 millones de dólares y 250.000 test rápidos por un precio otros de 4,25 millones.
Según el relato de Anticorrupción, el 20 de marzo de 2020, «en una situación de rápida evolución de la pandemia provocada por el COVID-19 y de extrema carencia de materiales sanitarios», el Ayuntamiento de Madrid suscribió un convenio con la funeraria por el que esta se comprometía a «garantizar el suministro de material sanitario y de seguridad para el personal» del consistorio, sus organismos autónomos y sus empresas dependientes.
En torno a esa misma fecha, Luceño y Medina «actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China».
El contacto lo puso Medina, «aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid ». A resultas, «inmediatamente se le facilitó el nombre» de la coordinadora de Presupuestos y recursos Humanos del consistorio, que es consejera de la empresa funeraria y era a quien debían dirigirse para «concretar los términos de las operaciones».
Desde ese momento, fue Luceño quien llevó las negociaciones y, tal y como expone Anticorrupción, lo hizo presentándose como «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya a través de la cual se iba a realizar la importación».
«Asimismo, dijo actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China , del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista», concluyen los fiscales.
Comisiones de hasta el 81%
La querella señala que el precio del material sanitario lo fijó Luceño y se lo impuso al Ayuntamiento de Madrid ocultando « que un elevado porcentaje, el 60% en las mascarillas, el 81% en los guantes y casi el 71% en los test , correspondía a las comisiones que ambos iban a recibir». En total, Luceño percibió 5.100.000 dólares en comisiones y Medina, un millón. Habían previsto un beneficio neto superior a los ocho millones pero el negocio salió mal: el Ayuntamiento les pidió explicaciones por la pésima calidad de los guantes que proporcionaron y acabaron devolviendo los cuatro millones que se iban a llevar de comisión, justificándolo en términos de una rebaja final en el precio.
Hubo también un problema con los test, porque «gran parte» de los que dieron al Ayuntamiento «eran defectuosos». La consejera de la empresa funeraria contactó con Luceño para que al menos el lote que era de peor calidad, (la sensibilidad no llegaba al 70%) fuese devuelto al proveedor, pero él le contestó que la empresa no devolvería el dinero, aunque sí proporcionaría una nueva remesa de reactivos para los test. «No consta que hasta la fecha se hayan enviado nuevos reactivos ni que se haya corregido de otra manera el defecto de sensibilidad de los test», dice la querella.
Cerca de 12 millones del Ayuntamiento
Al final, el Ayuntamiento de Madrid pagó cerca de 12 millones de dólares en total y recibió a cambio un millón de mascarillas que eran de buena calidad pero le podían haber costado un 40% menos, dos millones y medio de pares de guantes que no llegaban ni a la muñeca y por los que pagó «el cuádruple» de su precio y 250.000 test de covid de los que «casi la cuarta parte» son inservibles y el grueso, de dudosa eficacia por su baja sensibilidad.
Cuando el banco pidió explicaciones a Luceño por los 5,1 millones de dólares que recibió de Malasia, aportó documentación para justificar que trabajaba para una empresa. Según anticorrupción, «ninguno de los documentos es auténtico» y las firmas, las ha falsificado él mismo. En cuanto al dinero, se lo gastó en un hotel en Marbella, relojes de lujo y siete coches de alta gama, incluidos un Aston Martin y un Ferrari 812. También una vivienda en Pozuelo, entre otras inversiones.
En cuanto a Medina, compró un yate y bonos de inversión. Cuando su banco le pidió explicaciones, requirió documentación a Luceño para justificar la llegada de un millón de dólares. « Tampoco estos documentos son auténticos, sino que fueron elaborados por Alberto Luceño a partir de los que él mismo había presentado en su entidad bancaria simulando la firma, y a los que añadió la firma que Luis Medina le envió por correo electrónico», dice la querella.
Fuentes de la Alcaldía de Madrid han negado que el familiar del regido conozca al empresario Luis Medina y ello facilitara su intermediación para la compra de material sanitario en la pandemia. «Se pusieron en contacto con él a través de una tercera persona», sostienen. «Este familiar facilitó el mismo mail que se facilitaba a todos aquellos que contactaban con el ayuntamiento para la venta de material sanitario. Todas las empresas debían seguir el mismo cauce», añaden. Estas mismas fuentes reiteran que el Consistorio de la capital «no está siendo investigado ni tampoco ningún trabajador». En todo caso, advierten, «es el perjudicado por estos hechos y se personará si se demuestra que ha habido un quebranto a las arcas públicas».
