La alcaldesa de Alcorcón ya avisó de que no dejaría su cargo pese a la condena por inhabilitación
«En caso de que yo tuviera una sentencia muy desfavorable, nunca afectará a la actividad política. Estamos hablando del ámbito mercantil, cosa que siempre se oculta», precisaba De Andrés, meses antes de conocer la sentencia
Serio varapalo para la actual alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés , tras hacerse pública la decisión del juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid de inhabilitar a la líder socialista por un periodo de cinco años para administrar y gestionar bienes ajenos de titularidad pública o privada, representar o administrar a cualquier persona pública o privada y ejercer el comercio o tener a cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales.
El motivo no es otro que su participación activa en el perjuicio patrimonial de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, Emgiasa (que se encuentra en concurso de acreedores), durante el mandato de Enrique Cascallana, al que el fallo también inhabilita por un tiempo de hasta diez años. De Andrés, junto a otras ocho personas del entonces Gobierno de la localidad, entre ellas el exalcalde, formaban parte del consejo de administración de la entidad.
Con todo, no parece que la noticia vaya a provocar su salida del Ayuntamiento. Ya en marzo, la alcaldesa aseguró ante el resto de concejales que «por muy desfavorable» que fuera el veredicto, continuaría al frente de la localidad hasta el fin de su legislatura. «Quiero aclarar que en ningún caso voy a dejar de ser alcaldesa durante estos cuatro años y además lo digo porque, en caso de que yo tuviera una sentencia muy desfavorable, nunca afectará a la actividad política. Estamos hablando del ámbito mercantil, cosa que siempre se oculta», explicaba meses antes de conocerse la decisión judicial.
Diez condenados
En la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, Natalia de Andrés y Enrique Cascallana no han sido los únicos inhabilitados. El magistrado ha hecho lo propio por un periodo de tres años con José Jiménez Nistal, quien fuera director general de Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento; Tatiana Ercolanese Muñoz, que ocupó la concejalía de Salud y Consumo; Salomón Matías Matías, exconcejal de Seguridad hasta 2011; Antonio Elviro Arroyo, Manuel Lumbreras Fernández y Francisco Siles Tello, exdiles socialistas; y Adela Otero Juidiaz, entonces en IU.
El titular de lo mercantil hace hincapié en dos acciones llevadas a cabo por los ahora condenados que provocaron la situación de insolvencia de la compañía pública. Por un lado, las irregularidades contables en un reparto de dividendos, al apoyarse estos total o parcialmente en beneficios netos inexistentes. Cabe recordar que en aquel tiempo, el consejo de administración de Emgiasa aprobó el reparto de dividendos al único accionista (el Ayuntamiento de Alcorcón) con cargo a beneficios de 2009 y con cargo a reservas por un importe total de 17.500.354 euros. Y ello, pese a que el resultado del ejercicio aportado no cuadraba con la realidad de la empresa, con pérdidas de hasta 11.737.020 euros en lugar de los 19.433.383 euros de ganancias reflejados en las cuentas.
La sentencia refleja también el crédito concursal que ostentaba el Ayuntamiento contra Emgiasa, fruto de un nuevo reparto de dividendos con cargo al beneficio de 2010 (por un monto de 15 millones de euros, sustentados también en unos beneficios irreales), que la empresa no pudo acometer debido a su ruinosa gestión. Por todo ello, la Audiencia Provincial ya condenó al Consistorio a la devolución de 15 millones de euros, más otros 5 en concepto de intereses legales.
El segundo de los episodios señalados es la formalización y parcial ejecución del contrato de concesión de obra pública, relativa al denominado Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA). El juez recuerda que Emgiasa asumió el compromiso de edificar el complejo con un presupuesto inicial de 104 millones de euros, dentro de un proyecto carente de un examen de viabilidad económica y financiera de la actividad y, por tanto, de un plan de negocio para recuperar la inversión a lo largo del plazo concesional de 50 años.
A ello se añade una tercera conducta del órgano de administración de Emgiasa que ha contribuido causalmente a la generación de la citada ruina, si bien en un grado menor respecto a las dos anteriores, por lo que su desestimación no merma la concurrencia de graves actuaciones determinantes en la quiebra. Se trata de Gesmansur, la empresa encargada de prestar servicios jurídicos, técnicos, administrativos, fiscales y otros relacionados con la ejecución del Plan Municipal de Vivienda de Alcorcón a Emgiasa, que, entre 2006 y 2011, registró en el pago de sus servicios un sobrepago por importe de 1.573.170 euros. El tribunal, no obstante, estima que dicha conducta debe ser rechazada en la causación de la insolvencia.
Además de la inhabilitación, el magistrado condena a De Andrés y al resto de los afectados a la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedor concursal o contra la masa, así como a la devolución de los bienes o derechos que pudieran haber obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o que hubiese recibido de la masa. E impone, de modo mancomunado, a la cobertura de la totalidad del déficit concursal contable por créditos concursales y contra la masa.
El PP exige la «dimisión inmediata»
La secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns, exigió ayer la dimisión inmediata de la alcaldesa de Alcorcón, tras conocerse la condena inhabilitación por un periodo de cinco años. «Es una vergüenza que con esta sentencia Natalia de Andrés continúe al frente del Ayuntamiento de Alcorcón. No puede seguir ni un minuto más gestionando un municipio de más de 170.000 habitantes», precisó la popular en un comunicado. El fallo afecta «únicamente a los consejeros del PSOE que administraban Emgiasa, incluidos varios cargos actuales de confianza del gobierno actual», por lo que Camíns ha pedido explicaciones «urgentes» al socialista Juan Lobato ante «un escándalo de semejante magnitud».
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