El alcalde de Alcalá de Henares (PSOE) pide al juez un trato especial para evitar el juicio y no dimitir

Javier Rodríguez, procesado por prevaricación administrativa, está obligado a marcharse por el código ético del partido

El alcalde Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, en el último Pleno de la localidad DE SAN BERNARDO

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El alcalde de Alcalá de Henares (PSOE), procesado por un presunto delito de prevaricación administrativa, ha pedido a la juez que tenga en cuenta su situación personal y política para que no abra juicio oral contra él y evitar así su dimisión. El recurso presentado por Javier Rodríguez reclama el sobreseimiento y archivo de la causa –ya rechazado en la fase de instrucción– para no someterse al mandato del código ético de su partido, que le fuerza a marcharse en el caso de que se siente en el banquillo.

El escrito, además, reconoce lo que el partido ha negado desde que ABC publicó el procesamiento de Rodríguez: su obligación de dimitir. «El perjuicio personal y político (...) se produce antes de la celebración del juicio y es un perjuicio que puede ser irreparable . Si se ve forzado a dimitir y a no presentar su candidatura para las próximas elecciones municipales es evidente que su inevitable absolución futura no hará cesar unos perjuicios que, para dichas fechas, ya estarán consolidados», defiende el recurso; y concluye: «Debe, por tanto, dictarse resolución acordando el sobreseimiento de las actuaciones sin esperar a una sentencia absolutoria que puede tardar años en llegar».

La apertura del juicio oral es inminente, puesto que será automática cuando una de las partes presente su escrito de acusación. El PP, que fue quien se querelló contra Rodríguez, lo hará próximamente.

El alcalde socialista está procesado por convocar un pleno por la vía de urgencia sin justificar , de un día para otro y a sabiendas de que dos concejales del grupo popular no podían acudir por encontrarse de viaje fuera de España. La magistrada dice en su auto que existen «indicios racionales, objetivos y fundados de infracción criminal» por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos cívicos reconocidos en la Constitución Española (artículos 404 y 542 del Código Penal).

Candidato a la reelección

Rodríguez insiste en su recurso que no se vulneraron los derechos de los ediles del PP, que la programación de la sesión «no fue arbitraria ni ilegal» y que no se menoscabó la labor de la oposición. También reitera que el grupo popular no presentó alegaciones cuando pudo. A pesar de su situación, el regidor se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales con el PSOE por ser alcalde de un municipio con más de 20.000 vecinos.

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