Entrevista
Alberto Reyero: «Hablar de familias no es de derechas; hay que darles ayudas desde el primer niño»
El consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad quiere implantar en las residencias de mayores cámaras de TV para detectar maltrato o fugas, y que haya sujeciones cero
El caballo de batalla de los últimos meses para el consejero madrileño de Políticas Sociales, Familias y Natalidad, Alberto Reyero (Ciudadanos) , han sido los menores inmigrantes no acompañados, con los que advierte que se puede estar incurriendo en «comportamientos o delitos de odio, y eso no se puede permitir». Aboga por conseguir más personal en las residencias de mayores, un tema sobre el que ya negocia con patronal y sindicatos.
—Anunciaron en campaña una «revolución de los servicios sociales». ¿Tiene que ver con ella la nueva Ley de Servicios Sociales anunciada?
—Va a ser el eje sobre el que va a girar el cambio trascendental que queremos hacer en los servicios sociales. En la Comunidad de Madrid nos hemos quedado muy atrás en cuestiones legislativas; tenemos una ley que fue innovadora en su momento, y por eso ha aguantado un poquito más, pero es anterior a la Ley de Dependencia. Hay que introducir nuevas figuras, como el concierto social.
—Está pendiente el plan de choque de dependencia, porque sigue habiendo listas de espera.
—La Ley de Dependencia nació mal financiada, al 50 por ciento por las comunidades autónomas y al 50 por ciento por el Estado, y tanto con el PP como con el PSOE, el Gobierno Central nunca han cumplido ese 50%. Eso ha supuesto un esfuerzo adicional a la Comunidad, que la ha ahogado. Madrid ha incrementado prestaciones, pero aún así hay algunas con una lista de espera muy grande. Por ejemplo, ayuda a domicilio. Y en plazas concertadas residenciales, muchas se han movido a las afueras de Madrid, y hay que cambiar eso.
—Las residencias tienen precios escandalosos. ¿Se puede hacer algo?
—El precio de plaza por día en las residencias concertadas de Madrid está, con IVA, en 54 euros. La Administración tiene que apoyar en todo lo posible, porque cuando entra la dependencia en una familia, si no hay ayuda pública, esa familia se resiente.
—¿Ya son públicas las listas de residencias sancionadas?
—Tenemos un plan para tener antes de fin de año no sólo las sanciones que impone la inspección de la consejería sino también las penalidades económicas: aquellas sanciones que se imponen porque no se cumple el pliego de condiciones. Eso es bueno no sólo para que los familiares sepan cómo funciona cada residencia, sino también para el sector. Y la patronal está a favor de que esta información sea pública, porque lo que hace es expulsar a los que no lo hacen bien. Que provoca mucha alarma social, pero son casos muy puntuales.
—Se habló de instalación de cámaras de vigilancia para evitar malos tratos.
—La utilización de nuevas tecnologías en las residencias es algo que tenemos que ir introduciendo. No sólo son las cámaras, que permiten detectar los malos tratos, o si un mayor se escapa; también sujeciones cero. Pero para eso hacen falta, por ejemplo, detectores de movimiento. O las camas: en muchos casos tiene que ser más bajas, que eviten accidentes.
—Se critica que las residencias a veces no tienen suficiente personal, pero se cumplen los ratios. Igual es que éstos no están bien.
—Son ratios del 2008, del Consejo Nacional de la Dependencia. Son muy generales, no diferencian entre atención directa e indirecta, etc. Hemos hablado con los tres sindicatos más representativos, CCOO, UGT y CSIT, y con las tres principales patronales, Aeste, Amare y Lares, para tener una mesa de trabajo y ver con ellos qué ratios son necesarias.
—¿Las patronales están dispuestas a aumentar el número de trabajadores?
—He visto mucha disposición. También depende del precio por plaza que se les paga desde la Comunidad.
—También es consejero de Familias, en plural. ¿El modelo tradicional tiene ventajas sobre los otros?
—Las familias que han pasado por procesos de ruptura tienen unas necesidades específicas que no tiene la familia más tradicional. Y nos proponemos regular la figura de la familia monoparental. Además, nos gustaría que las familias con dos hijos tuvieran también algún tipo de beneficios, que se fueran acercando a las familias numerosas.
—¿Qué opina de los vientres de alquiler?
—Nosotros no los llamamos así: somos absoultamente partidarios de la gestación subrogada. Creemos que es una manera de que determinadas familias que no pueden tener hijos de manera natural, puedan tenerlos: parejas LGTBI y parejas tradicionales. Lo que defendemos, como partido, no como Gobierno, es un tipo de gestación subrogada con muchas limitaciones, como el que existe en Canadá, y no el que nos ponen de Bangladesh o países del tercer mundo, de granjas; ese no lo queremos. Queremos un modelo que se ofrezca de manera gratuita, que exija unos requisitos para poder ser madre por gestación subrogada, con unas garantías. La sociedad en su conjunto es algo que está demandando.
—Acaba de anunciar que citará de nuevo al pacto por los menas, tras las elecciones.
—Preferimos llamarlos menores inmigrantes no acompañados, porque el otro término se ha criminalizado ya. En 2018 llegaron 1.500 a la comunidad de Madrid, y este año vamos a acabar en los mismos niveles, y eso hace que el sistema de protección no haya sido capaz de absorber los niños que llegan. Propusimos el pacto a principios de septiembre; cuando íbamos a tener la tercera reunión, se mezcló la campaña electoral. Algún partido acudió al centro de menores de Hortaleza, a agitar a los vecinos, y decidimos que por salud de propio pacto, lo suspendíamos hasta después del periodo electoral. Ha habido otro partido, Más Madrid, que ha querido descolgarse. Se lo hecho en cara de manera personal; hacerlo justo antes del 10-N creo que obedece a otras cosas.
«A los menores inmigrantes no acompañados se les ha criminalizado, estamos entrando en delitos de odio y eso no lo podemos permitir»
—¿Se resolvieron los problemas de saturación del centro de Hortaleza?
—Todavía hay sobreocupación, y eso ha provocado problemas en el barrio. Se les ha criminalizado ,y estamos entrando en un terreno que ya son comportamientos de odio y delitos de odio, y hay que estar muy vigilantes porque eso no lo podemos permitir. Porque además no es cierto. Algunos tienen adicciones, pero la mayoría lo que quieren es buscar una nueva vida.
—¿Se ve condicionado en el gobierno por Vox?
—Hasta ahora, en absoluto. Yo me veo condicionado porlas leyes: la Ley de Infancia, la Constitución y la Convención de Derechos de la Infancia obligan a una serie de cosas que no encajan con determinados discursos. Hay parte que es competencia del Estado: como niños, es responsabilidad de Madrid; como extranjeros, responsabilidad del Estado. Hace un año se aprobaron unos presupuestos para los menores no acompañados y Andalucía, gobernada entonces por el PSOE, recibió 24 millones de euros, y aquí recibieron 1.500 euros. Mil quinientos.
—¿Cómo hacer que los jóvenes tengan hijos, si tienen salarios precarios y pagan alquileres prohibitivos?
—Tenemos que sentar las bases para que la gente tenga los hijos que quiera, y no se vea condicionada por razones económicas. Hay que dar ayudas a las familias desde el primer niño. En España, hablar de familias parece que es una cuestión de derechas, y es una cuestión de todos.
«En Cs defendemos un modelo de gestación subrogada con limitaciones, no un modelo de granjas»
—¿Violencia de género, machista, o intrafamiliar?
—Intrafamiliar es dentro de una familia, y también existe, puede ser de los hijos a sus padres, o sobre los mayores. De género o machista es otra cosa, es entender la violencia contra las mujeres como algo específico que tenemos que ser capaces de combatir.
—Aún están pendientes de desarrollarse los reglamentos de las leyes de LGTBIfobia y de Identidad Sexual.
—Si, son leyes del 2016, y se decía en ellas que había que hacer el desarrollo reglamentario en seis y nueve meses, respectivamente. Hemos decidido iniciarlo nada más llegar, empezando por constituir el Consejo LGTBI. Les hemos puesto sobre la mesa un borrador de decreto de la ley LGTBI; queremos ir al consejo de gobierno con él consensuado. Había ciertos reparos iniciales: parecía que el apoyo de Vox en la investidura pudiera significar pasos atrás en derechos, y nosotros repetimos que no sólo no hay que dar pasos atrás, sino que se van a dar pasos adelante.
—¿Les van a dejar acudir a la próxima manifestación del orgullo? En la útima hubo muchísima tensión.
—La agresividad de determinados sectores, que lso agitaron de manera artificial, fue una situación muy desagradable. Croe que eso se manejó politicamente, esperamos que el próxmo año no se produzca.
—¿Se siente en el punto de mira de Vox? Las políticas sociales son una de sus obsesiones.
—Al final el discurso de Vox son cuatro o cinco cosas: España, la imigración, la violencia de género y los colectivos LGTBI, y poco más. Y efectivamente, esos temas que creo que les obsesionan, están en mi consejería. Yo tengo muy claro cuál es la posición que tiene que ser del Gobierno, son derechos fundamentales de las personas.
—El resultado de su partido el 10-N. ¿Lo entiende?
—A veces el electorado te reconoce un trabajo, otras no. El espacio de centro es muy complicado: nuestro votante es mucho más líquido, o no vota o vota a otro. Pero creo que el que Cs se haya quedado con diez diputados sólo en el Congreso va a tener malas consecuencias para la vida política: somos los únicos capaces de reducir la crispación. Tenemos una líder estupenda, Inés Arrimadas, que si se confirma que se presenta, yo estaría encantado de que fuera la presidenta.
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