Admitida una querella por prevaricación contra el director de la Policía de Carmena
La denuncia por prevaricación incluye a dos mandos por irregularidades en la sanción a un agente
El juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha admitido a trámite una querella por prevaricación administrativa contra el coordinador general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y encargado de la Dirección General de la Policía Municipal, Daniel Vázquez Llorens , y dos miembros del Departamento de Gestión Disciplinaria, entre ellos su jefe.
El denunciante es un agente al que se le abrió un expediente sancionador . Según afirma, no se le dieron las garantías legales oportunas: se saltaron el plazo que tenía para recurrir, «generando la más absoluta indefensión». «Mucho nos tememos –indica la querella, a la que ha tenido acceso ABC– que la finalidad de la administración no es otra que salvaguardar los plazos para evitar una hipotética declaración de caducidad del expediente».
Los hechos se originaron el 22 de junio de 2018, cuando el querellante, adscrito a la Unidad del Distrito de Carabanchel , acudió a la llamada de un vecino, que denunciaba que había un coche aparcado en un vado y solicitaba que se lo llevara la grúa y se multara al propietario. Sin embargo, el policía no accedió, puesto que el coche no estaba mal estacionado ni infringía ningún tipo de normativa.
El escrito hace referencia al artículo publicado en ABC el pasado 20 de enero, cuando decenas de vecinos «protagonizaron una serie de altercados cortando el acceso a diferentes calles en protesta por las multas de tráfico». El Ayuntamiento, «valiéndose del Departamento de Gestión Disciplinaria de la Policía Municipal quiso enviar una respuesta ejemplar» para los policías de Carabanchel: «que procedieran a sancionar a cientos de vecinos que aparcaban sus vehículos».
Por ello, la querella considera que al agente se le utilizó como «conejillo de indias», al abrirle el expediente por sanción leve, para que el resto de sus compañeros tomaran nota y sí multaran. De hecho, los sindicatos policiales refirieron esas presiones como «una auténtica persecución municipal y, ante el temor de ser expedientados, cada vez que son requeridos por un hecho similar, actúan bajo las indicaciones de Gestión Disciplinaria, bajo amenaza». Eso motivó la interposición de 110 multas de 200 euros cada una en San Illán en una sola noche y la consecuente rebelión vecinal.
La cuestión es que Vázquez Llorens acordó el 29 de junio de 2018 el inicio e incoación del expediente, nombrando como instructora a Elia Córcoles y como secretario a Ángel Miguel López Bande . El 23 de noviembre, se dictó una sanción de apercibimiento. Y ahí es cuando comenzaron las presuntas irregularidades. Porque el reglamento establece que el afectado tiene diez días para alegar lo que considere. La notificación llegó a su domicilio el 29 de noviembre y el plazo, habida cuenta de la festividad del 6 de diciembre, expiraba el 14 de diciembre. Sin embargo, la querellada Elia Córcoles elevó las actuaciones al director general «con mucha anterioridad».
El abogado del policía, Armando Rodríguez, del Colectivo de Emergencias Madrid (CEM), explica que ella «era perfectamente conocedora de que contaban con un exiguo margen temporal para concluir el expediente sancionador», ya que a los seis meses del inicio de todos los trámites, caducaba. Es decir, el 29 de diciembre.
Fecha de apercibimiento
Se da la circunstancia añadida de que Córcoles, el 12 de diciembre, notificó la resolución de Vázquez Llorens en la que se acordaba que el apercibimiento se cambiaba por cuatro días de suspensión de funciones: «Resulta más adecuado a los efectos de transmitir ese mensaje ejemplarizante hacia policías municipales del distrito de Carabanchel ». Una vez superado el plazo para que caducara el expediente administrativo, el 29 de diciembre, el querellante solicitó su archivo: “Sobra decir que, hasta la fecha, no se ha dado respuesta a esta solicitud».
El 28 de enero, el jefe de Gestión Disciplinaria, Rafael Cañada de Fez, notificaba la sanción, resuelta, el 28 de diciembre, justo un mes antes. Cañada es el tercer querellado en este caso, en el que se solicita, asimismo, que se investigue si hay una alteración de fechas y, por ende, un delito de falsedad de documento público.
