80 chalés y 367 viviendas de Cercedilla y el Puerto de Navacerrada, en un limbo administrativo
La concesión de 99 años sobre la que se levantan finalizó en abril de 2019 y el suelo pasará a ser de titularidad local
Vivir de prestado en tu propia casa. Esa es la sensación que experimentan, desde el pasado día 2 de enero, los moradores de más de 400 inmuebles –entre pisos, unifamiliares, albergues y residencias militares– de Cercedilla y el Puerto de Navacerrada . La Comunidad de Madrid hizo entonces oficial lo que algunos afectados conocían y temían desde el 16 de abril del año pasado: que la concesión del suelo que permitió levantar sus respectivas edificaciones ha caducado después de cumplir los 99 años que preveía la Ley.
Así, esos suelos –en varios pinares que pertenecen a ambas localidades– que fueron cedidos en 1920 a la Sociedad Anónima de Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama pasarán a ser de titularidad municipal. Desde que se cumplió la fecha de caducidad de esa concesión, hace nueve meses, nadie sabe bien qué hacer. Ni las administraciones ni los vecinos. La única certeza es que esa concesión no puede ser prorrogada. Así lo informan fuentes del Ejecutivo regional, que señalan que la decisión sobre qué hacer con esas parcelas y las propiedades que las ocupan –la extensión total afectada supera las 85 hectáreas– corresponde a los ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada.
«Como gestores del suelo, hemos tenido que comunicar oficialmente a los vecinos el fin de la concesión de unos terrenos que se hicieron hace 99 años. Contamos informes jurídicos que explicitan que la concesión no se puede renovar ni prolongar por lo que los terrenos de monte público volverán a manos de los Ayuntamientos que son los que tengan que proponer alternativas a sus vecinos», explica Luis del Olmo , director general de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid». ABC intentó ayer, sin éxito, conocer los planes que ambos municipios –gobernados por el PSOE y por una escisión de IU constituida como agrupación de «independientes», respectivamente– tienen para las zonas afectadas.
80 chalés
«Quienes viven y disfrutan de estos inmuebles, unas 367 viviendas en el Puerto de Navacerrada y 80 chalés en pleno Camorritos, no tienen expresamente su propiedad sino un derecho de ocupación», explican fuentes inmobiliarias de la zona. No obstante, existe una gran controversia al respecto porque, pese a conocer que el uso del suelo estaba sujeto a una concesión administrativa, muchos alegan desconocer que tenía fecha de caducidad. Así lo ha podido comprobar este diario, en una certificación registral solicitada en 2007 por un agente de la propiedad inmobiliaria para formalizar la transmisión del derecho de concesión de una de las viviendas sitas en el Puerto de Navacerrada. «La finca de este número está sujeta a las condiciones impuestas a la Sociedad Anónima de Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama en la concesión efectuada a la misma por la Real Orden de dieciséis de Abril de mil novecientos veinte [sic], citada por la Dirección General de Agricultura, de la que no consta plazo de duración de la concesión », reza la certificación emitida por el Registro de La Propiedad número 2 de San Lorenzo de El Escorial.
Desde la Asociación de Titulares Afectados de la Colonia de Camorritos , que agrupa a las 80 viviendas que la conforman, defienden ser «propietarios de pleno derecho». Sus representados recibieron las primeras cartas comunicando la incoación del expediente de caducidad de la concesión el pasado 13 de diciembre. La Comunidad asegura que estudiará todas las alegaciones que han realizado los afectados. «Hay una falta de atención evidente de las administraciones», señalan sobre el papel que están adoptando los ayuntamientos y el Gobierno.
Derecho de ocupación
«Quienes han comprado en los últimos años uno de estos inmuebles sabían que lo hacían solo en su derecho de ocupación pero no conocían que tenía una fecha límite. A esto es a lo que muchos de los afectados se van a agarrar en caso de tener que luchar en los tribunales por sus viviendas, la mayoría de ellas segundas residencias», añaden las fuentes inmobiliarias consultadas. Actualmente, el Registro de la Propiedad sí que tiene actualizada esa información con la fecha en la que caducaba la concesión en todos esos inmuebles.
Para comprender por qué se produjo esa concesión del suelo a la sociedad ferroviaria hay que remontarse al contexto social de los años 20. La sierra de Guadarrama se convirtió, desde finales del siglo XIX, en objeto de estudio y de defensa de los intelectuales y, en concreto, de la Institución Libre de Enseñanza . La llegada del ferrocarril fue determinante. A ella se sumó una corriente higienista que vio en sus montañas un lugar excepcional por su calidad del aire para tratar patologías neumológicas como la tuberculosis. Ese era el objetivo inicial, que todas las edificaciones fueran destinadas a ser «sanatorios». «En nuestra opinión se confunde el término sanatorio como un lugar público para el tratamiento de la tuberculosis. Ocurre como con el término “hotelito” que se utilizó en la época como sinónimo de chalet», explican desde la asociación de afectados de Camorritos.
Algunos de los intelectuales levantaron allí grandes residencias de estilo alpino. «Una Real Orden de 1921 abrió la vía urbanizadora en la zona. Hasta la Guerra Civil solo se habían construido cinco viviendas. El grueso de las casas se levantaron durante la posguerra. La última de ellas, en los años 80. Ese terreno consta en todos los documentos históricos como erial y carretera arbolada y es zona urbana tal y como refleja el catastro», señalan.
Médicos como Pedro Caba , el que fuera vicepresidente de la OMS, o el doctor Gonzalo Rodríguez Lafora , tuvieron allí sus residencias. Sus descendientes se consideran propietarios de «pleno derecho». «Vivimos aquí pacíficamente y vamos a seguir haciéndolo. Yo espero que hasta el final de mis días como mi abuelo y como mi padre. Al menos que nos reconozcan ese “derecho de ocupación” sin caducidad», explica a ABC uno de los afectados que prefiere mantenerse en el anonimato.
En los portales inmobiliarios se pueden ver a la venta algunas de estas casas, con más 7.000 metros cuadrados de jardín y vistas a la montaña, por 850.000 euros. «Nadie se atreve a comprar ahora por la inseguridad jurídica que existe», explican las citadas fuentes.
