La Transición Española
Las cinco semanas en las que el comunismo estuvo en manos del Tribunal Supremo
Así fue la «fontanería» judicial que precedió a la legalización del PCE por el Gobierno de Suárez
Durante cinco semanas, la hoja de ruta diseñada por el Gobierno de Suárez para legalizar el Partido Comunista (PCE) se la jugó en los tribunales. En el Supremo, para más señas. Fue una jugada arriesgada, una «fontanería» judicial que se salvó no sin apuros, pero que otorgó al Ejecutivo una coartada legal con la que integrar al PCE, a todos los efectos, en la arena política de la Transición.
Ese trámite arrancó el 24 de febrero de 1977. El Gobierno envió al Tribunal Supremo la documentación que el PCE había presentado ante el Ministerio de la Gobernación para ser inscrito en el Registro de Asociaciones Políticas –es decir, para ser legalizado a todos los efectos como partido político-.
Hacía menos de año y medio que había muerto Franco y la legalización del PCE era un asunto de alto riesgo político en la Transición. En la trastienda hacía tiempo que abundaban los contactos entre el Gobierno, Carrillo y su entorno de la cúpula comunista. Fueron tiempos de mediaciones, tanteos y preparativos soterrados. La hoja de ruta real, no declarada oficialmente, apuntaba directamente a la legalización. Pero había que preparar el terreno para aquella decisión.
La vía elegida fue la de recurrir al procedimiento previsto para partidos que generaran dudas de legalidad. Suponía que el Ministerio de la Gobernación, ante la duda, dejaba el caso en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Y el Gobierno de Suárez así lo dispuso.
En febrero pasó la pelota al tejado del Supremo. El 24 de febrero, la Sala Cuarta recibió la documentación del PCE. Tenía que emitir un fallo a favor o encontrar de la legalización. El Gobierno contaba con un pronunciamiento que encajara en la hoja de ruta que tenía diseañada, y –no sin incertidumbres y sobresaltos- la postura que finalmente adoptó la Sala Cuarta encajó en las pretensiones de Suárez.
No fue un camino sencillo y tampoco faltaron las sonadas polémicas. Por ejemplo, cuando –a punto de agotarse el plazo para emitir sentencia-, el Gobierno decidió nombrar por decreto a un nuevo presidente para esa Sala Cuarta del Tribunal Supremo. La persona elegida por Suárez era el magistrado Juan Becerril Antón-Miralles. Se vio en la maniobra un claro intento por inclinar la balanza a favor de la pretendida legalización del PCE, pero el caso le estalló al Gobierno en forma de cruda polémica, porque los magistrados del TS se rebelaron contra aquel nombramiento de última hora.
Escasos días después de aquel controvertido episodio, la Sala Cuarta emitió un fallo tan indefinido como útil para el Gobierno: optó por devolver la documentación al Ejecutivo, se inhibió en la decisión. Al Gobierno le sirvió, porque lo interpretó como un tácito reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de que no había visto indicios firmes de ilícito en el PCE, ya que si los hubiera visto hubiera tenido que actuar en consecuencia, y no lo había hecho. Dicho de otra forma, el Gobierno interpretó el silencio del TS en positivo.
Para rematar esa «fontanería» gubernamental a favor del PCE, el Gobierno de Suárez dirigió una consulta a la Fiscalía del Reino. Ésta, de conformidad con la Junta de fiscales, emitió informe favorable al entender que el PCE no incurría en ninguno de los supuestos de asociación ilícita que la legislación establecía como límite para poder ser inscrito a todos los efectos en el registro de partidos políticos. Suárez había logrado completar la coartada legal para justificar la legalización del PCE.
