La Justicia paraliza la citación de Rajoy y dos exministros en Andorra por la operación Cataluña

En una resolución a la que tuvo acceso ABC, la Sala atiende a un recurso de la defensa de Fernández Díaz, muy similar a la impulsada por Rajoy y Montoro, que pedía la suspensión cautelarísima (de urgencia y sin escuchar a la otra parte) de esa comisión rogatoria por entender que de otro modo, se iban a vulnerar no sólo sus derechos fundamentales sino que también provocaría «un grave perjuicio de los intereses generales y de la soberanía nacional».

«Dado que pueden concurrir razones de urgencia por la aparente inminente devolución de la comisión rogatoria a las autoridades judiciales andorranas y teniendo en cuenta que se trata de un tema especialmente complejo, se concede la medida en el solo sentido de suspender la ejecución inmediata», resuelve el Tribunal.

Da tres días a la Abogacía del Estado y la Fiscalía para que puedan formular alegaciones pero, entre tanto, el Ministerio de Justicia tendrá que parar máquinas: «no proceda a la devolución a las autoridades andorranas de la comisión rogatoria hasta que esta sala pueda examinar las razones alegadas».

La juez andorrana investiga si se produjeron maniobras dirigidas por el Gobierno de España y ejecutadas por la denominada «policía patriótica» para hacer caer la Banca Privada de Andorra como represalia por no facilitar datos bancarios de líderes independentistas. En este contexto, admitió una ampliación de querella impulsada por el Institut de Drets Humans d'Andorra y libró una solicitud de cooperación judicial que pedía a la justicia española la imputación de Rajoy y los mencionados dos exministros, así como del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

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Una vez llegó la petición al Ministerio de Justicia, se le dio curso y se envió a los juzgados de Madrid. Allí, el juzgado de Instrucción número 32 procedió a la tramitación: notificó la querella a todos los señalados y les transmitió las citaciones de parte de la juez andorrana, que les daba plazo para nombrar abogado y designar domicilio a fin de citarles a declarar. Después, envió el resultado de todas esas notificaciones de nuevo a Justicia para que, a su vez, los pasara a Andorra.

Tanto la defensa de Rajoy como la de Fernández Díaz y Montoro recurrieron ante la juez porque entendían que había tramitado la rogatoria sin preguntar a la Fiscalía ni realizar un mínimo control de legalidad. Su petición fue desestimada, así que fueron en recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid, que sí les dio la razón, como adelantó ABC. Aunque la resolución carecía ya de efectos porque la rogatoria seguía su curso, les reconoció que la juez no debió negarles el derecho a recurso.