La Justicia europea recuerda que hay «líneas rojas» en la reforma del CGPJ

No es frecuente que un miembro del Tribunal de Luxemburgo y mucho menos su presidente entre en este tipo de comentarios de contenido político, porque la tradición es que en esta institución reza que «los jueces hablan a través de sus sentencias» y no hacen declaraciones. En este caso, sin embargo, la advertencia fue pronunciada en español y en un acto organizado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y por la Fundación Ramón Areces, en Madrid, el pasado 22 de diciembre, lo que permite deducir que estaba dedicada especialmente a la situación de la justicia en España y sus relaciones con el Gobierno.

En la conferencia, en la que Lenaerst participó de forma remota aunque hizo todo su discurso en español, dijo que según la legislación europea, «cada estado miembro puede optar por crear o no un Tribunal Constitucional», que no existe en todos ellos pero si es el caso, «el Tribunal de Justicia dela UE ha declarado que debe ser independiente».

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Por otro lado, el presidente de la máxima institución judicial de la UE recordó que «el marco básico del derecho de la Unión se opone a las reformas constitucionales o medidas legislativas que impliquen una regresión en la escala de valores hasta la fecha protegidos» por la legislación europea, en una referencia implícita a los intentos del Gobierno de cambiar el sistema de mayorías en la elección por parte del Parlamento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Lenaers dijo claramente que, en lo que se refiere a la organización de la Justicia, «cada cada estado miembro puede elegir el sistema que sea mas acorde con las predilecciones de sus ciudadanos» pero tanto ese modelo como «toda reforma sucesiva deben respetar el derecho de la Unión y en particular los valores en los que se fundamenta» y «medidas nacionales que salgan de dicho marco, constituyen líneas rojas que ningún estado miembro puede cruzar».

Se puede entender también que Lenaerst se refería de forma genérica a la evolución que ya se ha producido en este sentido en algunos países como Polonia e Hungría, que han efectuado reformas que aumentan la dependencia de los jueces del poder ejecutivo. Para el presidente del Tribunal Europeo, la situación que ha alcanzado cada país en materia de respeto al estado de Derecho cuando entró en la UE «constituye el punto de partida y no la meta final porque dicha proyección solo puede seguir una trayectoria ascendente» y no sería aceptable que empeorase.

La Comisión ya ha advertido también al Gobierno que cualquier reforma en la organización del poder Judicialha de ser compatible con los valores europeos y ha de consultarse con todas las instituciones afectadas.