El Gobierno busca fórmulas para burlar el fallo sobre el coronel Pérez de los Cobos

Algo que fue especialmente significativo ante la celebración de manera ordinaria de la marcha del 8-M en la capital de España, apenas una semana antes de que el mismo Consejo de Ministros aplicase el estado de alarma ante el incremento de los casos por coronavirus y el consiguiente colapso hospitalario, estableciendo el primer y más estricto confinamiento.

Fuentes del Gobierno consideran extemporáneo que el Alto Tribunal entre a dirimir sobre un cese de un alto cargo por razones de confianza en el mismo, y consideran que Marlaska no actuó de manera incorrecta. Aseguran que lo primero es leer la sentencia íntegra del TS cuando se publique. Lo conocido anteayer es simplemente la notificación de esa resolución, que avala la decisión tomada en su día por el Juzgado Central de lo Contencioso, que ordenó a Interior la reincoporación con carácter inmediato de De los Cobos y que describió lo ocurrido como un caso de «desviación de poder».

Esas fuentes gubernamentales alientan incluso que lo que recrimine el TS pueda ser una mera «cuestión de forma». Pero desde el Consejo de Ministros dejan claro que una opción es volver a motivar de nuevo el cese, y en ningún caso revertirlo, como desearía el propio afectado y vuelven a pedir los partidos de la oposición -ayer mismo se lo exigió la diputada del PP Ana Vázquez al titular de Interior, en la sesión de control en el Congreso-.

Algunos compañeros de gabinete con peso específico extreman el elogio a Marlaska -uno de los pocos ministros que lleva con Pedro Sánchez desde su llegada al poder en 2018, cuando se formó un gobierno monocolor del PSOE, antes de la coalición con Unidas Podemos posterior a las elecciones generales de 2019- y aseguran que su labor ha sido de las más importantes de la era Sánchez, pese a las polémicas en las que se ha visto envuelto, incluida la reciente dimisión de María Gámez como directora de la Guardia Civil tras la imputación de su marido.

Consciente de ese cierre de filas con él, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no varió un ápice su posiciónen la sesión de control al Gobierno, en la que protagonizó un tenso cara a cara con Vázquez, portavoz popular del ramo en el Congreso.

El magistrado no solo justificó el cese recientemente declarado ilegal, sino que vinculó al coronel con la falta de control de los fondos reservados que, entre otras cosas, permitió su empleo en la operación Kitchen, con la que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz (PP) presuntamente trató de eliminar pruebas de casos de corrupción que afectaban al partido.

Grande-Marlaska se limitó a decir que el Ejecutivo respeta las resoluciones judiciales y que, cuando le llegue la relativa al coronel Pérez de los Cobos, «se dictará lo que proceda». «¿Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados?», preguntó Grande-Marlaska a Vázquez, recordando que en aquella etapa se «permitió destruir pruebas».

Pérez de los Cobos declaró como testigo en el marco de la Kitchen, por la que están investigados el exministro Fernández Díaz y quien fue su número dos, Francisco Martínez. El coronel de la Guardia Civil testificó que desconocía el uso de los fondos reservados porque su control era exclusivamente contable y no sabía a quiénes iban dirigidos los pagos.

La diputada del PP, por contra, acusó al ministro de ser «arbitrario» y de intentar que el coronel «cometiera un delito». Pérez de los Cobos fue destituido como responsable de la Comandancia de Madrid por «pérdida de confianza», justo después de negarse a informar al Gobierno sobre una investigación de la Guardia Civil acerca de la posible vinculación entre los contagios de coronavirus y las manifestaciones del 8-M.

«En este tipo de personas es en el que este ministro no ha tenido, no tiene y no tendrá confianza», zanjó Grande-Marlaska, ante las acometidas de Vázquez, que le pidió su dimisión e incluso lo vio «moralmente inhabilitado» para regresar a la carrera judicial.

El titular de Interior fue reprobado en febrero por la tragedia de Melilla, donde murieron al menos veintitrés inmigrantes intentando saltar la valla, y ahora acumula problemas. La dimisión de Gámez tras la imputación de su marido es otro, pero ni siquiera la información de los pisos adquiridos bajo sospecha cambió su opinión sobre la «pulcritud democrática» de la exdirectora de la Benemérita. «Grande con sus subordinados y pequeño con todos los corruptos del PSOE», sentenció Vázquez.