La Xunta defiende que el Estatuto ampara el autogobierno sobre la costa

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, no escatimó a la hora de dimensionar la aprobación este jueves en Consello del proyecto de Ley de ordenación y gestión integrada del litoral, el primero que acomete una comunidad autónoma y que la Xunta quiere aprobar este año: «Sin duda, es un día histórico para Galicia». E hizo algo más: reivindicar que, con esta norma, «avanzamos en el camino que tiene que recorrer» la Comunidad «hacia el autogobierno sobre nuestra costa». Que la «prepara (...) para asumir las competencias plenas y efectivas que atribuye el Estatuto de Autonomía sobre la gestión del dominio público marítimo terrestre».

De sobra conocida la oposición frontal del Gobierno al proyecto, resultó una declaración de intenciones de calado. El Ejecutivo central se ha enrocado en el argumento de que Galicia ha de reformar su Estatuto para optar a la gestión del litoral. El propio presidente, Pedro Sánchez, dio un «no rotundo» a Alfonso Rueda cuando le recibió en La Moncloa, el año pasado. Y meses después la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, volvió a remitirse a la modificación estatutaria. Uno de sus subalternos, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sin conocer siquiera el contenido del texto, llegó a apreciar ribetes independentistas.

Este jueves, Ángeles Vázquez insistió en que «nadie ve ningún resquicio de inconstitucionalidad», que lo que «quiere Galicia es legislar por el bien de la Costa» y de la Comunidad, y que «no hay visos» de que pueda prosperar un recurso ante el Tribunal Constitucional, pues la Xunta ha trabajado «con la máxima de las seguridades jurídicas». Desde San Caetano se añadió que Galicia «da un paso adelante para asumir, cuanto antes y como ya hicieron otras comunidades», las competencias en gestión del litoral. La Xunta reivindica que la concesión de los títulos para la ocupación y uso del dominio público marítimo terrestre es una de las funciones ejecutivas que tiene legalmente atribuida Galicia. De ahí que el proyecto normativo, explicaron, señale que el otorgamiento de autorizaciones le corresponderá a la consellería competente, «en el momento en que el Estado haga efectivo el traspaso (...) de los medios personales y materiales necesarios». Lo que hace el ejecutivo autonómico es adelantarse, regulando un procedimiento simplificado que integra todos los títulos necesarios para realizar una actividad sobre dominio público, para facilitar su tramitación. Pero solo podrá entrar en vigor cuando se materialice el traspaso a la Comunidad, acotaron.

Más allá del rifirrafe competencial, Alfonso Rueda defendió que el texto, bajo un «estricto respeto a la normativa estatal», adapta la regulación del litoral a la «realidad» gallega, desde una perspectiva «realista, razonable y eficaz». El presidente de la Xunta puso en valor que se fomenta el «pleno equilibrio» entre la protección de la naturaleza y de las actividades socioeconómicas, para que sigan creciendo de forma sostenible.

Vázquez, encargada de ir al detalle, tildó la ley de «fantástica» y aseguró que es «la mejor» que «podía tener nuestra costa». Galicia, incidió, legislará «tierra adentro» —hasta los límites administrativos de los municipios y en todo caso dentro de la influencia de 500 metros de la normativa de costa— y «mar adentro» —hasta 12 millas náuticas—. Entre las principales novedades, el texto realiza una zonificación con tres áreas según el estado de conservación: de más a menos restrictivas, área de protección ambiental, área de mejora ambiental y paisajística y área de reordenación. En cuanto a la zona de servidumbre de costas, se concretan las obras permitidas por no poder tener otra localización o prestar servicios necesarios al dominio público, para evitar problemas de interpretación ya detectados. Como gran novedad, se definen una serie de usos estratégicos, entre los que figuran desde los establecimientos de la cadena mar-industria a una red de establecimientos de turismo litoral, pasando por las dotaciones públicas esenciales para saneamiento de aguas.

La conselleira destacó que la futura ley, diseñada para gestionar el litoral «desde Galicia y no desde Madrid», reforzará la «seguridad jurídica», tras alcanzarse una situación «límite» que achacó al Gobierno, por imponer «conceptos ideológicos más que lógicos». El texto pone rumbo al Parlamento y Vázquez emplazó a la oposición a propiciar el «consenso» en su tramitación.