La Xunta acuerda crear un nuevo 'manual' para casos de okupación

Aquellas personas cuyas viviendas estén siendo objeto de ocupación ilegal tendrán a su disposición una guía oficial de la Xunta que les dará a conocer su situación y los orientará sobre cómo proceder de cara al desalojo de los ocupantes y a su recuperación. El documento, cuya redacción estará al cargo del Consello da Avogacía Galega (CAG), nace fruto de un acuerdo que ha sido sellado este lunes en Santiago por el mandatario del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, y la presidenta del CAG, Lourdes Carballo.

Así, con la firma de ambos responsables se ratifica la confección de dicha guía informativa sobre los derechos y deberes de las personas propietarias o usufructuarias de viviendas ocupadas ilegalmente. Será una actualización de la ya existente estando, eso sí, adaptada a la nueva Ley estatal de protección del derecho a la vivienda, con miras a resolver las dudas que puedan tener las personas afectadas en el nuevo marco legislativo. Desde el Consello han avanzado que estará disponible en el plazo de un mes y en ella figurarán recogidos «de forma sencilla los trámites administrativos y jurídicos que deben seguir aquellas personas afectadas por la ocupación ilegal de viviendas y desahucios».

Su objetivo primordial, según incidieron el presidente autonómico y la responsable del CAG, es el de ofrecer garantías a los propietarios «ante las incertidumbres que genera la nueva Ley de vivienda aprobada del Parlamento español». Así lo recoge el propio convenio, en el que se indica que «servirá de base para la información a la ciudadanía y será publicada en la página web del CAG».

Según recoge el mismo documento, el Consello adquiere el compromiso de atender las consultas de las personas afectadas por una intrusión no consentida en sus viviendas, así como a aquellas en situación de desamparo o riesgo de pérdida de su vivienda habitual –en este sentido, el acuerdo establece que no computarán «en ningún caso» las actuaciones propias que ya realiza el servicio de asistencia jurídica gratuita en turno de oficio–. Deberá, además, realizar un informe trimestral sobre las consultas atendidas, «tanto en materia de pérdida de vivienda como de ocupación ilegal, con especificación, en este último caso, de la localidad, calle y número de viviendas ocupadas». Y, finalmente, acepta llevar a cabo una campaña de difusión de los objetivos del presente convenio a través de medios y redes sociales.

Rueda ha arropado la medida y ha tildado de «fundamental» la defensa al propietario desposeído de su vivienda, considerando dicha salvaguarda «en un momento tan complicado» para el afectado una parte del deber de la administración.

Además, la Xunta y el CAG han confirmado que seguirán ofreciendo paralelamente el servicio de asesoramiento telefónico gratuito en materia de vivienda para los afectados por un desahucio, una ejecución hipotecaria o la ocupación de un inmueble. Lo harán a través de 148 letrados y letradas de los 7 colegios de la abogacía de Galicia, y bajo la coordinación del Consello. Para ellos, el CAG habilita un aula virtual donde pueden informarse y documentarse de cara a su labor de orientación.