Turismo exige que haya una sentencia en contra para dar de baja los pisos turísticos de su registro

El enfrentamiento entre la Xunta y el concello de Santiago a cuenta de las viviendas de uso turístico (VUT) dio pie ayer a que el Parlamento gallego emitiese por unanimidad de los grupos una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno gallego «a colaborar con las administraciones competentes en materia urbanística para un uso adecuado y ordenado de las VUT». O lo que es lo mismo, a perseguir una coordinación que genere la mejor solución para la ciudad. El acuerdo, suscrito por PSOE, PP y BNG, da cuenta de la necesidad de desenquistar un conflicto que lleva meses enturbiando la atmósfera compostelana, pero sin mejorar problemas acuciantes como la falta de casas para familias y estudiantes o la despoblación de la zona vieja de la ciudad. Los propietarios de los pisos turísticos, en pie de guerra contra el concello, reprochan que Raxoi se escuda en dos sentencias judiciales para obligar al cierre de las más de 700 VUT que existen en la ciudad, a través de multas de hasta 15.000 euros y con la personación de policías locales en sus inmuebles. Y por parte del ayuntamiento de la ciudad argumentan que los fallos que exigen a este tipo de negocio la licencia municipal tienen carácter extensivo y pueden aplicarse en todo el territorio gallego.

Entre medias, el ejecutivo de Xosé Sánchez Bugallo reclama a la Xunta que borre del registro autonómico (REAT) todas las viviendas que no dispongan de permiso municipal. Una petición en la que llevan meses insistiendo pese a que el Gobierno gallego ha sido claro en las condiciones. Se hará efectiva la baja de este listado dependiente de Turismo siempre y cuando exista una sentencia que así lo indique. La respuesta a la reclamación del concello, según pudo saber ABC, fue remitida el pasado verano al consistorio de la ciudad por escrito y aclara que la aplicación de estos fallos no tendrá un efecto general, como pretende el ayuntamiento compostelano, sino particular.

Durante el debate mantenido ayer en sede parlamentaria, la división de opiniones, en un asunto que el pasado agosto obligó a cancelar 40.000 reservas en la ciudad, quedó patente. Desde las filas socialistas se apuesta por un modelo que prohíba la apertura de pisos turísticos en la zona monumental y limite su apertura a bajos y primeros en otros barrios de la ciudad, con el objetivo de contener la proliferación de un modelo de negocio que «debe ser cualitativo y no cuantitativo, como pretende el señor Rueda», indicó la socialista Noa Díaz. Muy al contrario, los populares alertan de la «ola especulativa» a la que daría pie que las VUT se restrinjan a unos pisos en concreto y apuestan por un formato de barrios, ahondando en la idea de que «lo que para unos puede ser un problema, para otros puede ser una solución», sostuvo Borja Verea. También reprochan la modificación del PXOM promovida por Bugallo, que permitirá que cualquier vivienda de la ciudad abra 60 días al año como alojamiento vacacional, con lo que «todo Santiago se podrá convertir en una gran vivienda de uso turístico». «Me pregunto quién está al mando en Raxoi», censuró Verea al respecto de los cambios, ahora expuestos a alegaciones.

Por su parte, los dueños de estas viviendas, afectados de primera línea por el cerco que el concello ha puesto en marcha, denuncian que «la despoblación del casco viejo es un problema complejo del que no se nos puede culpar». En su alegato, sostienen que el declive viene de antes, en alusión al 25 por ciento de población que la zona monumental de la ciudad ha perdido desde el año 2000; y recuerdan que los pisos en alquiler vacacional representan únicamente «un 1,5 por ciento del total del parque de viviendas» de la capital gallega. Sobre el escenario actual, de absoluta inestabilidad para los centenares de propietarios que mantienen sus pisos cerrados y las sanciones económicas recurridas, los populares compostelanos se quejan de que, después de meses «multiplicando las órdenes de cierre y las multas, hemos llegado a uno de los septiembres más difíciles para encontrar casa». En sintonía con este diagnóstico, el portavoz del BNG, Daniel Pérez, señaló el éxodo de estudiantes que se produjo en la ciudad coincidiendo con el arranque del curso académico y urgió «buscar una solución para los propietarios, los grandes perjudicados».

En la actualidad, y con el conflicto más embarrado que nunca, solo 36 de las más de 900 viviendas de uso turístico que hay en la capital cuentan con la doble licencia que el concello exige para mantener el negocio abierto. Quienes tuvieron que echar el cierre y borrar sus anuncios de las principales plataformas se quejan de que, en algunos casos, se pasaron «meses tratando de conseguir un permiso» para el que «nos pusieron todas las trabas del mundo. Y ahora, que podíamos empezar a levantar cabeza después de tener cerrada toda la pandemia, nos prohíben que abramos». Y añaden: «El Gobierno nos acusa del encarecimiento del alquiler en la ciudad, pero las viviendas turísticas representan un 1,5 por ciento del total de viviendas de Santiago, mientras que hay más de 9.000 vacías, es decir, un 20 por ciento». A la espera de que la modificación del plan general avance, el concello mantiene su hoja de ruta para revitalizar la zona antigua y evitar su «desnaturalización». En las webs ya casi no se ofertan pisos turísticos pero -denuncian los afectados- eso no ha tenido efectos sobre la exigua bolsa de viviendas en alquiler de la ciudad.