El principal condenado del 'caso cuñada' suplica a la Audiencia no entrar en prisión mientras no se resuelva su indulto

Francisco Javier Gutiérrez Orúe, el principal condenado por el enchufe de la cuñada de Carmela Silva en una contrata del Concello de Vigo, se resiste a entrar en prisión. Su defensa presentó este lunes un recurso de súplica ante la Audiencia de Pontevedra, en el que se opone al auto dictado la semana pasada por la Sección Quinta, que ordenaba su entrada en prisión en el plazo de cinco días para cumplir la pena de cinco años y tres meses que le fue impuesta por su implicación en el 'caso cuñada'.

La Audiencia adoptó esta decisión al transcurrir más de un año desde que Orúe solicitó el indulto parcial al Gobierno de España, en diciembre de 2021. En abril de 2022, los magistrados accedieron a la suspensión de la ejecución de la condena mientras se tramitaba la medida de gracia. Pero esta no ha llegado, y las manifestaciones públicas del Gobierno respecto a la no concesión de indultos a condenados por corrupción han sido reiteradas en los últimos meses.

Urgida por la plataforma Xuntos por Galicia –denunciante del 'caso cuñada'–, la Audiencia determinó la pasada semana que el indulto había sido denegado por silencio administrativo, y que por tanto debía procederse al cumplimiento de la pena. La defensa de Orúe replica ahora que la suspensión ordenada en su día no contemplaba plazo alguno, sino que estaba condicionada a la resolución del indulto por parte del Ministerio, situación que todavía no se ha producido.

«No se puede, con este nuevo auto, variar una decisión ya firme y en la que esta parte se sentía segura, jurídicamente hablando, simplemente porque todavía no haya una resolución expresa sobre la petición de indulto, pues el expediente de indulto continúa en trámite», sostiene la defensa en su recurso de súplica.

En su escrito, los abogados de Orúe reconocen que la Fiscalía sí había fijado ese plazo de un año para la resolución de la medida de gracia, un plazo también subrayado insistentemente por los denunciantes, pero que no aparecía en el tenor literal de la resolución de la Audiencia, con fecha de 21 de abril de 2022, en el que se decretaba la suspensión. «El que haya transcurrido el plazo para considerar el silencio negativo, no implica que ya no vaya a haber una resolución expresa, más al contrario, ésta se tiene que producir y, si la resolución que se dicte resulta positiva para la petición, se habrían vulnerado los Derechos de mi representado revocando una suspensión que, insiste esta parte, ya ha adquirido firmeza», añaden.

La pelota vuelve a estar en el tejado de la Audiencia, que escuchará a las partes antes de pronunciarse. Tanto los magistrados como el Ministerio Público ya se manifestaron contrarios a la concesión del indulto, por entender que no estaba justificado. La Audiencia subrayó que Orúe nunca reconoció los hechos por los que fue acusado y, por último, condenado.

Gutiérrez Orúe fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión, y la inhabilitación de 9 años y un día para el cargo municipal por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. El fallo, dictado por la Audiencia Provincial en 2019, fue ratificado en diciembre de 2021 por el Supremo. Los magistrados lo consideraron el cabecilla de una red de facturas falsas mediante los cuales se abonaron más de 100.000 euros a la concesionaria Imesapi, dinero con el que se contrató a Vanesa Falque, cuñada de Carmela Silva –presidenta del PSdeG y de la Diputación de Pontevedra–, para un puesto de trabajo que nunca ocupó.