Juicio del Alvia: a la espera del pulso entre los peritos

El parón navideño se dejará notar también en el plenario por el juicio del Alvia, que el pasado jueves dio por zanjada la última sesión hasta el próximo 10 de enero. El respiro, después de decenas de horas de testificales y sesiones maratonianas de más de 9 horas, servirá al tribunal para coger aire antes del inicio de las periciales. Adelantándose a la complejidad de los informes que los citados expondrán para explicar las causas del accidente y contextualizar técnicamente lo sucedido, el calendario diseñado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reserva una jornada entera para cada uno de los peritos citados. La precaución advierte de que sus informes acerca de lo sucedido en la curva de A Grandeira serán desgranados en profundidad y cuestionados hasta el extremo por las partes disconformes con sus conclusiones.

Un auténtico pulso que ya quedó de manifiesto en la instrucción del caso, cuyo sumario recoge los pareceres —en algunos puntos opuestos— de unos y otros expertos. En este marco, una de las declaraciones más esperadas es la de Esther Mateo, que realizó un peritaje judicial en el que avaló la actuación del gestor de infraestructuras ferroviarias en el descarrilamiento que se cobró 80 vidas en la curva de A Grandeira y que dejó 145 heridos de diversa consideración.

Durante las cuestiones previas, el abogado de la Plataforma de Víctimas, Alonso Ferrezuelo, intentó recusar este documento entendiendo que «debía ser expulsado del procedimiento» y que Mateo no debía prestar declaración porque «tiene interés directo como empleada y trabajadora de Adif». No obstante, la jueza Elena Fernández Currás replicó que su informe «lleva años unido» a las actuaciones realizadas durante la instrucción, por lo que consideró que «no es el momento». En la misma línea que Mateo se manifestará, presumiblemente, el ingeniero citado por Adif, Antonio Puyol, que aseguró que la desconexión del sistema 'ERTMS' en la curva de A Grandeira «no afectaba a la seguridad» del tramo Orense-Santiago.

Frente a ellos, los letrados de las víctimas sentarán ante el tribunal encargado de dilucidar las responsabilidades del exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, y del maquinista del convoy, Francisco José Garzón Amo, en el accidente, a sus peritos de parte. Entre ellos estará Miguel Yunquera Pérez, que emitió un amplio contrainforme que desmonta las explicaciones de Puyol y Mateo, llegando a indicar que «para alguien no experto en el mundo ferroviario pueden ser cuestiones plausibles y razonables, pero para los que nos dedicamos al ferrocarril son cuestiones carentes de lógica, que solo buscan confundir a quien no posee los conocimientos técnicos suficientes».

También critica el documento presentado por la CIAF, sobre el que reprocha que «apenas profundiza en las cuestiones relativas a las víctimas», y llega a afirmar que «la única explicación plausible que podemos encontrar para que no se señalizara convenientemente la curva de Angrois es el argumento económico».

El duelo técnico y lingüístico amenaza con marcar la última fase del proceso penal, que se dilatará hasta finales del mes de febrero, siguiendo la estela de lo vivido en los dos primeros meses de vista. Un tiempo en el que por la sala han desfilado decenas de testigos con versiones opuestas e irreconciliables sobre las causas del peor descarrilamiento ferroviario de la historia reciente de España. Para unos, toda la responsabilidad se limita a la actuación del maquinista, que tomó a 200 kilómetros por hora una curva marcada a 80, pero que hubiera resistido una circulación incluso a 160 sin consecuencias catastróficas. Para otros, el riesgo de que un piloto desatendiese su conducción de esa manera y durante 100 segundos tenía que haberse contemplado como una variable posible a la hora de blindar el trayecto y la propia vía. El juicio más largo e intenso de los celebrados en Galicia sigue adelante.