Galicia despide el verano con más de 600 viviendas 'okupadas', un 15% más

Galicia despedirá el verano con más de 600 casas okupadas y un dato desalentador para los dueños de estas viviendas: el tiempo medio de espera en la Comunidad para desalojar a los incómodos inquilinos es de 14 meses. Los datos los proporciona la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), que explica a través de su presidente, Benito Iglesias, que este problema «se está cronificando» y urge un cambio de legislación para proteger a los propietarios ante las entradas a la fuerza que se producen a lo largo y ancho de la región. Según el mapa de okupaciones que esta federación maneja, los okupas sienten una especial querencia por las ciudades, donde hay barrios en los que la problemáticas y los conflictos vecinales son de sobra conocidos. En esta nómina destaca la provincia de La Coruña, que acumula casi un 60 por ciento de las okupaciones ilegales, y que tiene en la ciudad herculina el epicentro del fenómeno. Barrios como La Barrera, Avenida de Arteixo, Monte Alto, calle Barcelona, Ronda de Nelle, Agra do Orzán o A Zapateira.

Algo parecido sucede en otras urbes como Vigo, donde la zona de Teis, Calvario o calles del centro urbano como Areal, Cervantes, Esperanto o la Gran Vía se han convertido en las predilectas de los okupas. En la capital gallega los problemas se concentran, atendiendo al estudio de la Fegein, en el barrio del Pexigo, la rúa de San Pedro o al Algalia. En Orense, se hacen notar las okupaciones en la zona de As Burgas y en varias calles del casco antiguo, de donde provienen la mayoría de las denuncias. Pero más allá de los principales núcleos de población, el auge de las entradas ilegales en viviendas en las que no reside nadie se ha disparado también en localidades como el área de Barbanza, Boiro o Ribeira, donde algunos vecinos empiezan a mostrar su inquietud por dejar su residencia vacía sin protección.

Desde la Fegein inciden en que este fenómeno sigue la estela del resto del país y va al alza. Como prueba indican que el incremento con respecto a las mismas fechas del pasado año ronda el 15 por ciento y es el dato más alto desde que hay regristros. Además, ponen el acento en que el problema empieza a manifestarse en las zonas turísticas y de playa, donde más segundas residencias hay. Abordando posibles soluciones, el presidente de esta federación explica que todo pasa por «desahuciar al okupa de manera inmediata, como propone la Comunidad de Madrid, si no muestra ningún título o documento que acredite que el propietario le ha permitido residir ahí en un plazo de 48 horas«.

También defiende la proposición de ley presentada por el PP en el Congreso hace escasos días porque, aseguran, «contiene cuatro líneas de actuación que consideramos totalmente necesarias para combatir un libertinaje total y absoluto por quienes ocupan ilegalmente una propiedad privada«. Estas cuatro líneas, concreta Iglesias, se basan en el desalojo en 24 horas una vez conocido por las fuerzas de seguridad el presunto hecho delictivo. En recuperar del Código Penal el delito de usurpación de bienes inmuebles. En impedir desde las administraciones públicas el empadronamiento de las personas que okupen ilegalmente una propiedad privada. Y en un endurecimiento de las penas en caso de que se traten de grupos mafiosos quienes estén detrás de okupaciones que únicamente buscan un fin económico ilegal e extorsionador.

Los estudios realizados sobre la okupación en Galicia señalan que, aunque la titularidad es compleja de saber, aproximadamente un 60% de las viviendas okupadas son de procedencia bancaria y Sareb. En el resto estarían particulares, fondos de inversión y propiedades vacías de administraciones públicas. En una Comunidad como Galicia, con una bolsa de viviendas vacías de 330.000, los expertos apuntan que el crecimiento de la okupación en determinadas zonas, barrios u urbanización «los convierte inmediatamente en inseguros para el resto de vecinos, y con numerosos conflictos de convivencia por altercados varios y delincuencia». Deprecia no solo el valor de la propiedad okupada, asumen, sino también el de resto de propiedades de la zona, «por lo que las entidades financieras harían bien en dar una pensada a si merece la pena ejecutar hipotecariamente una propiedad para después abandonarla a su suerte y que pierda casi todo su valor en el mercado, ya que la totalidad de estas propiedades, cuando se recuperan, quedan en un estado calamitoso«, recetan desde la Fegein.