Galicia acelera el desafío a Sánchez de una ley propia para regular su costa
El proyecto de la Xunta promete una organización de la costa «realista, razonable y adaptada a la realidad» de la Comunidad
Alfonso Rueda acusa al Gobierno central de poner «en riesgo» muchas inversiones con su política en esta materia
La Xunta quiere asumir la gestión de su propio litoral, igual que ya hacen los gobiernos de las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía y Canarias. Hasta ahora, el Gobierno central se ha negado a transferir estas competencias, alegando que para ello sería necesaria la reforma del Estatuto de autonomía de Galicia. Pero desde el gobierno autonómico se niega la mayor, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entregó el pasado verano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un informe del Consello Consultivo de la Comunidad que rechaza que sean precisos esos cambios en la máxima norma autonómica.
Sin embargo, todavía no ha habido una respuesta del Ejecutivo central a dicho informe, y ante el silencio de Sánchez la Xunta ha decidido pisar el acelerador de su propia ley de ordenación del litoral porque «nadie conoce su costa como los gallegos». Que el gobierno autonómico se planteaba este ambicioso proyecto legislativo era conocido, pero ha sido este jueves cuando en el Consello de Goberno ha acordado formalmente autorizar el inicio de la tramitación de este proyecto de ley para la ordenación del litoral de Galicia. Y el presidente de la Xunta y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, han aprovechado la habitual rueda de prensa posterior al Consello para presentar los principales trazos de una norma que pretenden que entre en vigor a lo largo de 2023. Cuando se apruebe, Galicia se convertirá en la primera comunidad en contar con una regulación de este calado en materia de costas.
Seguridad jurídica
La futura ley nacerá con un doble objetivo: regular, como se ha dicho, la franja la totalidad de la franja litoral de la Comunidad, pero al mismo tiempo «dar seguridad jurídica» a los titulares de instalaciones que «lícitamente» están en dominio público marítimo terrestre. Se refieren, por ejemplo, a sectores industrial alimentarios relacionados con el mar, el marisqueo, la acuicultura o el turismo de costa. Y además, esta normativa «no va en contra de nadie» —subrayó Vázquez en una alusión implícita al Gobierno— sino que «está a favor de los gallegos».
«Será una ordenación realista, razonable y adaptada a la realidad gallega»
Alfonso Rueda
Presidente de la Xunta
Eso sí, en la Xunta tienen claro que la gestión de la costa gallega que está llevando a cabo la administración central, con las «decisiones y silencios» del equipo del presidente Sánchez, «está poniendo riesgo muchas inversiones» que podrían ser claves para la economía y la sociedad gallega.
Ante esa supuesta desidia del Ejecutivo central, la Xunta se plantea ordenar el litoral de una manera «realista, razonable y adaptada a la realidad gallega». Han intentado elaborar una normativa, dicen, en la que haya «equilibrio» entre el respeto medioambiental y las actividades «claves» para la economía de la región. La costa gallega se dividirá en tres categorías. Una, las de máxima protección, en las que no de ningún modo se podrá urbanizar; un segundo nivel, con una protección intermedia, y un tercero que se refiere a terrenos que ya están urbanizados y que, por lo tanto, «no tiene sentido renaturalizar».
«Esta ley no va en contra de nadie, sino a favor de los gallegos»
Ángeles Vázquez
Conselleira de Medio Ambiente
En ellos, la opción de la Xunta, apuntó Vázquez, es apostar por la «rehumanización» de espacios. Se refiere, por ejemplo, a dominios públicos portuarios, donde la Xunta quiere «fomentar la dinamización económica y social», además de renovar equipamientos y «preservar su patrimonio cultural».
Invitación al Gobierno
Preguntada por la prensa sobre si la Xunta teme que el Gobierno de Sánchez acabe llevando este proyecto al Tribunal Constitucional por una supuesta invasión de competencias, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda ha considerado que «no debería haber ningún tipo de conflicto», desde el momento en el que el Consello Consultivo ya ha aclarado que no es necesaria la reforma del Estatuto para hacerlo. A partir de ahí, la Xunta invita al Gobierno a hacer sus propias aportaciones para «enriquecer» una futura ley que quieren que sea «muy participada y transparente».
