Los achaques de la sanidad gallega, de la gestión al conflicto
Convertida en arma arrojadiza perenne, la manifestación de este mediodía sirve a la oposición como vehículo para sus críticas; la Xunta responde a golpe de medidas, mientras médicos y sindicatos reclaman transformaciones profundas
Reza el latiguillo malicioso que un médico es el peor enfermo. Extrapolado a su máxima expresión, ¿qué ocurre cuando los achaques los presenta el propio sistema sanitario? ABC ha querido pulsar, en una semana clave, que desemboca este domingo en una manifestación sanitaria, cómo se percibe el estado de salud del 'paciente'. «Tenemos una situación muy complicada; donde más focalizado está ahora es en la Atención Primaria», señala Eduardo Iglesias, presidente del Consello Galego de Colexios Médicos. Enrique Marra-López, secretario general del sindicato CESM en Galicia, habla de «cierto colapso generalizado». Manuel Rodríguez Piñeiro, homólogo en el sindicato O'Mega, opina que se da una «situación problemática», pero «desde hace muchos años, no es de ahora». «Es la crónica de una muerte anunciada», sentencia Jesús Sueiro, portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC).
Desde la Xunta, comenzando por su presidente, no se oculta que la sanidad pública, como sucede de forma generalizada en toda España, tiene problemas. Especialmente en Atención Primaria. Que escasean los médicos de Familia. Y los pediatras. Y que esos problemas son señaladamente acuciantes en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. También son endémicos en zonas de ubicación geográfica más compleja. Alfonso Rueda insistía este pasado miércoles en el Parlamento en que su Gobierno no niega que existen «carencias», «cosas que mejorar» y dificultades que «resolver». Al otro lado, una oposición que acusa al gobierno del PP de «poner en riesgo la salud» de los gallegos, realizar una «demolición controlada» de la sanidad, favorecer al sector privado y llevar a la pública al «colapso», ganando tiempo mientras se ponen «parches».
BNG y PSdeG dedican buena parte de sus comparecencias a arremeter contra la gestión del Sergas. Los plenos del Parlamento se convierten en sesiones casi monotemáticas, con las preguntas al presidente y al Gobierno y cualquier punto del orden del día al servicio de la causa sanitaria. Una oposición que aspira a capitalizar hoy esta estrategia de desgaste, sumándose, tras alentarla y apadrinarla con profusión, a la manifestación convocada por SOS Sanidade Pública, que a las 12.00 partirá de la Alameda de Santiago, para concluir en la Plaza del Obradoiro.
Criticar sin aportar
«Nosotros estamos [dedicados] a trabajar», tercia Sofía López Linares, directora xeral de Planificación y Reforma Sanitaria del Sergas. «Las críticas vacías, prefiero no perder el tiempo en eso. Es muy fácil criticar y no aportar», censura. La Consellería de Sanidade ha desplegado en las últimas semanas una actividad intensa,lanzando una batería de medidas para tratar de contener la hemorragia mientras se insiste en reclamar al Ministerio de Sanidad que arrime el hombro —que aumente las plazas MIR, singularmente en Primaria; que flexibilice los criterios de docencia; que cree la especialidad de Urgencias—. Dice la oposición que en San Caetano solo se busca enfriar la movilización. Desde Sanidade se reivindica que, en contra de las acusaciones, no son actuaciones improvisadas, sacadas de la manga para causar un golpe de efecto.
En San Lázaro destacan que los Orzamentos de este año consignan un 8,4% más a sanidad, cerca de los 5.000 millones de euros —un 39% de todo el gasto autonómico—, de los cuales más de 1.500, un 9,9% más, van para Atención Primaria. Se recuerda que los Plans Locais de Saúde ya benefician a 36 concellos; que la Xestión Integral de Demanda en Equipo (XIDE) ya funciona en el 75% de los centros de salud; que el CRM100, que registra las llamadas, devuelve el 95% de las no atendidas en un plazo medio de 30 minutos. Se pone en valor el acuerdo unánime en mesa sectorial que implementó mejoras retributivas, fundamentalmente para el personal médico, para compensar el trabajo extra por el déficit de especialistas; además de crearse la nueva categoría de especialista de AP. Los últimos Consellos han venido cargados de novedades: incentivos para mantener y, si es posible, aumentar el número de tutores de residentes; bolsa de voluntarios para paliar las carencias en los PAC de Pontevedra, que cobrarán ya solo por su disponibilidad; y una nueva oferta de 413 plazas de difícil cobertura, sin oposición, que se suma a las 106 del año pasado.
Medida, esta última, que avanzó el presidente la víspera, en O Hórreo. Junto a otras dos: contrato de tres años garantizado para residentes de medicina de familia cuando acaben el MIR; y agendas en Primaria con 33 citas ordinarias de 10 minutos y siete espacios para urgencias, así como prolongación remunerada de jornada si fuera necesario. Sobre esta última medida —que se suma a las «axendas de calidade»—, de la que se destaca su buena acogida en la mesa sectorial, López Linares detalla que se ha optado por la «autoprolongación como filosofía» para atender la «sobrecarga» laboral. Eso sí, en «determinados cupos»: no será algo «generalizado», porque en 460 centros «hay de todo», sino en aquellos por encima de 1.050 cartillas, más de cinco días de demora o más de 40 pacientes al día. Habrá un análisis de las gerencias, para valorar la autoprolongación, que en todo caso se activaría, explica, si no bastara el auxilio de las unidades de apoyo. En paralelo, el Sergas ha lanzado la mayor convocatoria MIR de la historia de la Comunidad, con 207 plazas para familia, y la OPE será igualmente histórica, con más de 5.500 plazas de todas las categorías. Adicionalmente, se aboga por que los facultativos puedan estirar la jubilación hasta los 72 años.
«Más ambiciosos»
«Se van dando pasos», valora el nuevo presidente del Consello Galego de Colexios Médicos. «Cuando ves las orejas al lobo siempre te pones las pilas mucho más rápido», señala. Pero, en todo caso, reclama «ser mucho más ambiciosos». Más allá de problemas puntuales que demandan intervenciones 'ad hoc', enfatiza que se precisan «soluciones a largo plazo». Y advierte: «Los médicos no somos dioses, no podemos estar en todos lados ni podemos atender a 200 personas al día». Iglesias lamenta que «teníamos que haber empezado mucho antes» a poner soluciones, y ahí la coincidencia es plena.
El portavoz de AGAMFEC opina que «las cosas se arreglan cuando no queda más remedio, por desgracia», y que no se habría llegado al punto actual «si hubiéramos sido más previsores». Que sí hubo médicos, pero «se les arrojó del sistema porque no se les ofrecieron contratos aceptables», «la gente se escapó» y «de aquellos barros vienen estos lados». Su radiografía es contundente: baja consideración a la formación y fidelización de residentes hacia la medicina de familia, precariedad, saturación «que se veía venir pero nos ha estallado» con el Covid, «falta de financiación crónica» en Primaria. Ve «desesperadas» medidas como que residentes de cuarto año pasen consulta o que «de ancianos» vean a «50-60 pacientes» —por la jubilación a los 72—. Aún hoy, pondera, no hay una «apuesta de verdad» por más financiación, contratos mejores y racionalización del sistema.
Marras-López lamenta que, a su juicio, en Galicia «las cosas van un poquito más lentas» en lo que a medidas se refiere. Afirma que, en realidad, «está todo inventado», con lo que apunta a una falta de determinación de la Xunta. Más aún, señala directamente al anterior presidente, Alberto Núñez Feijóo, a quien culpa de un «maltrato continuado» a la sanidad. Aboga por «soluciones técnicas», que reviertan las «malas decisiones políticas», de todos los colores; e ir, más allá de «parches», hacia una «refundación prácticamente del sistema sanitario, sobre todo a nivel de Atención Primaria». Entre sus propuestas: dejar atrás el municipio como criterio de localización y apostar por grandes equipos de AP por zonas; o transformar los PAC en servicios de urgencias extrahospitalarias, que funcionen 24/7, los 365 días del año. Denuncia una «desconexión en los servicios centrales» del Sergas que fomenta que «cada ambulatorio hace lo que le da la gana». Crítico también con la «sobredemanda de la población», advierte que no pueden seguir trabajando «a destajo» y sin conocer bien a los pacientes.
Si CESM aún abogaba por evitar la confrontación, O'Mega está en un proceso asambleario que podría desembocar en movilizaciones. Este sindicato pide también menos burocracia; «no andar dando plazas de manera sesgada», sino «todas» y «por méritos»; reestructurar el plan de Recursos Humanos; y planes funcionales para todos los servicios para conocer las necesidades reales. «Esperemos que despierten», lanza Rodríguez Piñeiro, «no se tomaron medidas y ahora queremos tomarlas aprisa y corriendo». Aunque matiza: «No es muy halagüeño lo que vemos».
Desde el Sergas, su responsable de Planificación y Reforma Sanitaria insiste en que se adoptan y seguirán adoptando todas las medidas «que estén en nuestra mano», pero que el ministerio ha de «poner más médicos encima de la mesa» —lo que para O'Mega o AGAMFEC consiste en alejar culpas—. López Linares censura que reciben abundantes reproches, «pero sin fundamento», y que se centran en implementar «medidas pioneras», por las que se interesan otras autonomías. Con todo, admite que sienten una «presión añadida» con la sanidad convertida en arma arrojadiza por la oposición. Y rechaza la «irresponsabilidad» de meter miedo a los gallegos con una «inquietud» que «no es real». La población, zanja, «tiene garantizada la atención».