Propuesta del Gobierno gallego
La Xunta propone que Fomento pague 53 millones anuales a Audasa para frenar las subidas de la AP-9
La Consellería de Infraestruturas reclama además una bonificación del 25% en ambos viakes para aquellos que realicen un mismo trayecto de ida y vuelta en el mismo día cuyo coste anual estiman en 12,9 millones de euros
La Xunta reacciona ante el «clamor social» que han generado las últimas subidas de peaje de la Autopista AP-9 y que han alcanzado incrementos de hasta un 6% en apenas cuatro meses. El Gobierno gallego presentó este lunes una propuesta con la que pretenden paliar los efectos del Real Decreto aprobado en 2011 por el Ejecutivo socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero y en donde se habilitaba a Audasa, la empresa concesionaria, a aprobar una subida acumulativa de los peajes del 1% anual a cambio de acometer las obras de ampliación de la infraestrutura en el Puente de Rande y en los accesos a Santiago.
En concreto, y tras analizar pormenorizadamente el contenido de ese Real Decreto, el coste de las obras realizadas y las compensaciones que ha recibido y seguirá recibiendo Audasa en virtud del citado texto legal, la Xunta propone que el Ministerio de Fomento abone un pago anual a Audasa durante cinco años de 53,19 millones de euros a cambio de frenar los incrementos acumulativos recogidos en el citado texto legal. En paralelo, el Gobierno gallego demanda una bonificación del 25% en el coste del peaje para aquellos usuarios que realizan un mismo trayecto de ida y vuelta en el mismo día, a aplicarse tanto en el viaje de ida como en el de vuelta, que beneficiaría también a vehículos pesados y a trayectos en fin de semana, siempre y cuando se pague mediante telepeaje. La Consellería de Infraestruturas cifra el coste anual de esta medida para el primer año en 12,9 millones de euros , que también solicitan que costee el Ministerio de Fomento con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Los encargados de presentar esta propuesta fueron la titular de Infraestruturas, Ethel Vázquez y el director de la Axencia Galega de Infraestrutuas, Francisco Menéndez. Ambos explicaron que el Real Decreto que blinda una subida anual y acumulativa de peajes del 1% durante 20 años es un documento «injusto» e «inaceptable», por lo que reclaman la adopción de medidas para frenar el impacto que la continua subida de peajes está teniendo en la competitividad de las empresas gallegas y en la seguridad vial, ya que los altos precios del vial hacen que gran parte del tráfico pesado se traslade a las vías convencionales.
Entre los aspectos «desconcertantes» de ese texto Ethel Vázquez destacó el hecho de que Audasa recibirá hasta el fin de la concesión en virtud de ese constante incremento de tarifas unas compensaciones de hasta 1.463 millones de euros por realizar unas obras cifradas en 223 millones. Otra de las compensaciones «escandalosas» detectadas por el equipo de la titular del departamento de Infraestruturas y blindadas en el citado documento son los 140 millones que se le debe abonar a la concesionaria en concepto de conservación del vial. El Gobierno gallego entiende que por la reciente construcción de las obras de ampliación esta cuantía «no se debe financiar», dado que la vida útil de los materiales empleados supera con creces el tiempo de la concesión.
No solo eso. El texto rubricado por el Gobierno de Zapatero contempla el pago de hasta 244 millones de euros a Audasa para asumir el incremento del importe del Impuesto de Sociedades de la empresa al ver incrementados sus beneficios, algo que Infraestruturas pide dejar sin efecto.
Propuesta «razonable»
«Creemos que nuestra propuesta es razonable, es una propuesta lógica viendo la política de peajes que se está siguiendo a nivel estatal», proclamó Ethel Vázquez en rueda de prensa, al tiempo que matizó que trasladarán sus demandas a «todos los foros» que corresponda y al propio Gobierno central que se constituya tras las elecciones del 28 de abril. Vázquez defendió la viabilidad de las medidas solicitadas a la concesionaria desde su departamento y descartó otras propuestas planteadas por algunos grupos de la oposición y que pasan por demandar el rescate de la infraestructura. «El rescate es una alternativa que nunca consideramos viable porque supone pagar miles de millones de euros a la concesionaria en un único pago y siendo responsables con los recursos públicos planteamos medidas realistas», recalcó.
Cuestionada por la hoja de ruta de la Xunta en caso de que Audasa se niegue a aceptar la propuesta del Gobierno gallego, Ethel Vázquez recordó que ya existen precedentes de revisiones a la baja de las condiciones rubricadas entre la concesionaria y las Administraciones, una de ellas el convenio de 2006 para suprimir los peajes de Rande y A Barcala.
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