La Xunta impone la primera sanción de una autonomía a Volkswagen

Galicia abre camino de las sanciones al grupo Volkswagen-Audi España por el denominado «dieselgate» , el escándalo que estalló a finales de 2015 al descubrirse que los motores de algunos vehículos de la marca estaban trucados y contaminaban más de lo permitido. La asociación de consumidores Facua , que ha interpuesto miles de denuncias en toda España en nombre de sus socios por este caso, comunicó este jueves que la Xunta ha interpuesto la primera sanción a la empresa, lo que la convierte en la primera comunidad autónoma en dar este paso . En concreto, el Instituto Galego de Consumo castiga a Volkswagen con 33.800 euros, casi el doble del valor del Golf Bluemotion TDI de la denunciante, que —según detalla Facua— había comprado el vehículo de segunda mano hace seis años.

El Gobierno gallego ha recibido hasta ahora 225 quejas de Facua , que ha presentado 4.175 en todo el país. Desde la Consellería de Economía e Industria, departamento del que depende Consumo, señalan a Efe que dieron la oportunidad a Volkswagen de abrir un proceso de mediación y arbitraje , pero fue rechazo. Aunque esta sanción es la primera conocida, Facua apunta que «un número importante ya han derivado en la apertura de expedientes sancionadores». El ahora desvelado se aplica por «una infracción grave en materia de defensa del consumidor» . Facua celebra que «hasta la fecha», el Instituto Galego de Consumo «es la única autoridad autonómica de protección al consumidor que ha dado a conocer la apertura de expedientes sancionadores a las filiales del grupo Volkswagen como consecuencia de las denuncias interpuestas individualmente por los afectados por el fraude en la manipulación de los motores diesel para falsear las emisiones de óxidos de nitrógeno».

Al percibir esa voluntad diferenciadores con respecto a otras autonomías, la organización de consumidores anima a otros gallegos con vehículos afectados «a presentar este tipo de denuncias para potenciar el mayor número de multas ». En este caso, la Xunta ha empleado otro mecanismo diferente al de regiones como Andalucía, Baleares o Castilla-La Mancha. Mientras en ellas se iniciaron expedientes sancionadores por fraude masivo, el Instituto Galego de Consumo impone una sanción por cada usuario que reclama. Facua puntualiza, además, que ante la existencia de una causa penal, las dos últimas comunidades citadas optaron por suspender los expedientes en marcha hasta que se dicte una sentencia.