Las víctimas del Pitanxo forzarán hoy un cara a cara con Sánchez

El tiempo para bajar al Villa de Pitanxo y recabar pruebas de las causas del accidente que se llevó por delante a veintún marineros se agota. Las familias lo saben y la presión en los últimos días para forzar al Gobierno español a que dé su brazo a torcer y autorice la inspección del pecio es máxima. Ayer, y casi en paralelo, el Congreso y el Parlamento gallego aprobaron sendas iniciativas para instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que ponga los medios necesarios para descender los mil metros que separan la superficie del mar de Terranova de las claves del hundimiento. En Galicia se debatió una proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad con el apoyo de PP, BNG y PSdeG para realizar « una operación subacuática que permita localizar al ararstrero, descender a él y realizar un trabajo fotográfico y audiovisual sobre su estado, así como reconocer sus alrededores para verificar la localización de los cuerpos de los fallecidos». En el caso de Madrid, el asunto a tratar fue el mismo y el resultado también, pero con el descuelgue de los diputados socialistas, que optaron por abstenerse.

«De aquí al mes de agosto es la única época del año en la que se puede hacer, después de inviable» se encargó de recordar en el Congreso el portavoz de Pesca popular, Joaquín García, que reprochó a Pedro Sánchez que su compromiso con las familias esté haciendo aguas cien días después del accidente. Tampoco pasaron por alto la incongruencia las familias de las víctimas, que calificaron de «petición con color de humanidad y de justicia» su solicitud y no dudaron en lanzar la piedra: «Es lamentable y muy triste para nosotros esa abstención porque esto ya empieza a tener ecos, empieza a haber rumores sobre qué interés tiene el partido socialista en que no se investigue el accidente», sostuvo su portavoz, María José De Pazo, en declaraciones a ABC.

La tensión entre el Gobierno de España y las víctimas, que aún no han logrado entrevistarse con el presidente, tendrá como punto álgido la comparecencia esta mañana ante los medios del mandatario español para hablar del Sáhara. «Nos vamos a poner allí para, con nuestra presencia, pedirle que nos reciba y que nos explique qué es lo que está pasando», avanzaron ayer. Los allegados de los muertos en el Villa de Pitanxo también ocuparán las tribunas del Congreso, en un intento desesperado por forzar un encuentro con el presidente que hasta el momento les ha sido negado. Entre sus críticas destacan que casi cuatro meses después siga pendiente el ofrecimiento de una empresa noruega que pone a disposición de España un robot para llegar al pecio. La Xunta sufragaría el flete, pero el Gobierno español «ni siquiera se ha puesto en contacto con ellos para conocer las características del equipamiento», afean las familias. «Todo son preguntas sin respuesta y lo único que nos contestan es que no podemos politizar el asunto . Eso no es forma de contestar a unas familias que han perdido a sus seres queridos», lamentan desde Marín.

Con la indignación presente por la salida hacia aguas canadienses del buque oceanográfico que la Secretaría General de Pesca envió con la única intención de explorar una zona de pesca, las familias insisten en armarse de argumentos de cara a la instrucción judicial. Conocer la secuencia de las causas del naufragio -más aún después del cambio de versión del patrón, investigado por 21 homicidios- sigue siendo para ellos una prioridad a la que, asumen, no piensan renunciar. Excluye al sobrinoLa buena noticia para los allegados de los muertos el pasado 15 de febrero la firmó ayer el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que admitió a trámite una querella presentada por las familias contra el patrón, Juan Padín, y la armadora, Grupo Norés. Los acusan de los presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, contra los derechos de los trabajadores y encubrimiento . Moreno, en un auto fechado el 31 de mayo, decidió admitir la querella, pero solo con respecto a Padín y la armadora. Excluye así a Eduardo Rial, el sobrino del patrón, porque ya había sido citado a declarar este lunes en la AN, «sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias a practicar», según señala el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2.

Con el asunto en manos de la Audiencia de forma transitoria hasta que el Supremo decida cuál es el juzgado competente, de la investigación del accidente marítimo cuelgan cada vez más hilos de los que tirar para conocer la realidad de los sucedido. A la variación en el relato del patrón, que ahora habla de un embarre previo del barco con el que justificaría la versión que dio a los marineros del barco que lo rescataron, se unen las sospechas de la mala gestión que se hizo a bordo de los contagios por Covid, la falta de trajes de supervivencia y, como novedad, del exceso de tripulación . Sobre este extremo, no menor, las familias de los veintiún muertos denuncian que la eslora del buque solo permitía que embarcasen una veintena de trabajadores, y no los 24 que estaban empleados en el pesquero en el momento del accidente.También quedan por aclarar las condiciones en las que trabajan los tripulantes del Pitanxo, que desde que zarparon se quejaban con sus familias del frío que debían soportar y del maltrato por parte de Padín, que llegó a cortarles el wifi para que «trabajasen más». Las quejas, recogidas en los atestados de la Guardia Civil, resonaron ayer en la Audiencia cuando Samuel Kwesi mantuvo que los últimos gritos de sus compañeros fueron para advertir al patrón de que si no soltaba el aparejo los iba a matar.