Las víctimas del Alvia piden que se depuren responsabilidades políticas y no sólo penales

Casi diez años después del accidente del Alvia , las víctimas cuentan por fin con una fecha de inicio del macrojuicio, el próximo 20 de septiembre . Pero para los que viajaban el 24 de julio de 2013 en el tren y sus familiares no será suficiente. En un comunicado, la Plataforma de Víctimas Alvia 04155 insiste en que «es imprescindible que se depuren todas y cada una de las responsabilidades» , incluidas «las técnicas, las penales», pero también «las políticas».

Desde hace años, la Plataforma se ha mostrado muy crítica con la actuación de los distintos gobiernos de España en la puesta en funcionamiento de la línea de alta velocidad. El Alvia, que procedía de Madrid, descarriló en la curva de Angrois, a pocos metros de la estación de Santiago. 80 personas fallecieron y 145 resultaron heridas. Las víctimas llevan tiempo denunciando que la línea no era segura. En un comunicado remitido este martes, se muestran satisfechas «con que finalmente se vaya a celebrar el juicio, y finalmente se siente en el banquillo al exdirector de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte». Pero lo consideran «insuficiente ». El fiscal pide para el acusado cuatro años de prisión, la misma pena que para el maquinista, Francisco José Garzón, que no redujo a tiempo la velocidad. Son los únicos acusados. «Existían claras responsabilidades por parte de Renfe, que tuvo constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva de Angrois y, sin embargo, no actuó en consecuencia», consideran las víctimas.

La plataforma recuerda que Cortabitarte se sentará en el banquillo porque Adif «no realizó el análisis de riesgos al que obligaba la normativa en dos ocasiones». Pero también asegura que la Audiencia indicó que «hubo modificaciones importantes del proyecto original», cuando era ministro de Fomento el socialista José Blanco, «sin que conste que previamente se hubiere evaluado el riesgo que dichos cambios pudieran comportar para la seguridad». Ya con la popular Ana Pastor al frente del Ministerio, indica, se produjo la desconexión del sistema de seguridad ERTMS , previsto para paralizar el tren en caso de fallo humano, porque generaba retrasos, «sin previamente realizar una evaluación del riesgo que tal desconexión pudiera comportar para la seguridad en la circulación». «La justicia desmonta la verdad oficial, que con Ana Pastor al frente de Fomento, quisieron imponer: que se hizo una investigación independiente, que el maquinista era el único responsable , que el accidente no era de Alta Velocidad», afirman las víctimas. «Seguimos sin entender cómo es posible que el Ministerio de Fomento autorizase la puesta en servicio de esta línea sin el preceptivo análisis de riesgos», denuncian.

Tras aseverar que seguirán luchando para que se haga justicia, las víctimas censuran que en estos nueve años han conocido «hechos muy graves que no se juzgarán en los tribunales, pero que tienen una clara responsabilidad política ». Entre ellos citan «procedimientos de infracción por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria, no se ha puesto en marcha una investigación técnica independiente, tal y como ha solicitado la UE en reiteradas ocasiones, presiones a la UE para impedir la publicación del informe, etc».

La plataforma critica también la lentitud de la justicia en el caso y asevera que no es casual, sino que fue responsabilidad de diferentes instituciones del Estado. Censura el cambio de juez, la demora de hasta cuatro años en la entrega de documentación por parte de Fomento, Renfe y Adif, la poca experiencia de los peritos de la Xunta y la acumulación de «retrasos y errores graves por parte del juzgado». Muchas de las víctimas y familiares, recuerdan, ya han fallecido en estos nueve años y para ellos «nunca habrá justicia», explican. Para los que quedan, «es imprescindible que se depuren todas y cada una de las responsabilidades y que se esclarezca toda la verdad y se realice la investigación técnica independiente que exige Europa antes del inicio del juicio para que se incorpore al proceso judicial», concluye el comunicado.