Trastornos mentales, la otra pandemia que pone a prueba la sanidad gallega
El Sergas reivindica el plan 2020-24 mientras el tejido asociativo demanda más recursos para un ámbito con creciente atractivo como salida profesional
Aunque no prosperó, el reciente paso por el Parlamento de Galicia de una iniciativa legislativa popular, que buscaba promover la creación de una ley autonómica de salud mental , ha puesto aún más si cabe el foco sobre una problemática que —coinciden todos los que la siguen día a día—, se ha agravado con la pandemia. Lo asumen en el Sergas, que tiene en marcha un plan específico para el período 2020-24, dotado con 83 millones de euros y que contempla la incorporación de 241 profesionales. Y se refleja en la facultad de Psicología de la Universidad de Santiago, donde el ascenso imparable de la nota de corte es un termómetro del interés creciente que despierta esta salida profesional, especialmente en la rama clínica, al calor de titulares que relatan cómo se disparan cuadros de ansiedad y otros trastornos.
Hace unas semanas, desde la tribuna de oradores, Ana González, presidenta de la fundación Salma e impulsora de la ILP, «hija, hermana y madre de personas con un problema grave de salud mental», tiró de datos para ilustrar lo que define por teléfono como «una pescadilla que se muerde la cola y va lastrando a toda la sociedad»: en O Hórreo apuntó que las listas de espera para una primera cita de psiquiatría superan los 3-4 meses; que la tasa de personas con depresión crónica en Galicia dobla a la del resto de España; que el consumo de antidepresivos y estimulantes rebasa en un 71% la media nacional y los fallecimientos relacionados con problemas de salud mental, un 50%; y que, junto a Asturias, la Comunidad lidera el índice de suicidios. González confiesa a ABC que aún siente «frustración» por no haber convencido a la Cámara para dotar a Galicia de su propia ley de salud mental. Entiende que la legislación en vigor ha quedado obsoleta y no ve colmadas sus aspiraciones en el plan 2020-24. «Aún en el caso de que se ejecutase al 100%, que no va a pasar, no se estarían cumpliendo los ratios en personas y dispositivos que la propia Xunta estimó como urgentes hace 30 años », rebate.
María Tajes, jefa de servicio de salud mental del Sergas, en conversación con este diario, tercia que «gran parte» de los aspectos que planteaba la ILP ya los recoge el citado plan, cuyos proyectos asegura que se están «llevando claramente a la acción», mientras que en otras «materias legislativas no específicas» están «perfectamente recogidos» el resto de demandas. Aunque abierta a «seguir recogiendo ideas, sugerencias y mejoras», de cara a un 2024 que está «a la vuelta de la esquina», afirma que «ahora, en 2022, tenemos que aprovechar para llevar a cabo todo lo que podamos », porque, subraya, «tenemos mucho trabajo que hacer».
Más personal
Ante todo, Tajes pone en valor que una «cuantía muy relevante» del presupuesto del plan se destina a personal, «el principal valor que tenemos en salud mental, porque no podemos sustituir la palabra, el contacto» con «maquinaria», con tasas superiores al 80% sobre lo estimado. El plan, entre otros objetivos, contempla más plazas hospitalarias para pacientes con trastornos graves, más camas en unidades de psiquiatría, más recursos para centros de día, pisos protegidos y otros, o poner en marcha hospitales de día de salud mental infanto-juvenil en cada área sanitaria. «Si no llegamos a alcanzar nuestras expectativas, tendremos que seguir trabajando», admite, pero « no nos queremos perder en un análisis , lo que queremos es actuar», enfatiza.
Apesar de que Tajes reivindica que el plan 20-24 fue fruto de una «gran participación»y amplio «consenso» con asociaciones, expertos y colegios profesionales, entre las primeras, al menos las consultadas por este diario, no reina precisamente la satisfacción. González afirma que la principal carencia es la «falta de un modelo efectivo», que padece, dice, «déficit estructurales». «Están apagando fuegos y atendiendo lo urgente », añade. El sistema «está haciendo aguas por todas partes» porque «no tenemos recursos» y adolece de «gestión» y «coordinación», lo que impide analizar «qué está fallando», afirma en tono muy crítico. María Fernanda Orduna, presidenta de la asociación Avelaíña, coincide para ABC en que «queda muchísimo por hacer» y reclama «dedicar más recursos». Cuando coincidió el mes pasado con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la inauguración de un centro de rehabilitación psicosocial en Ponteareas, lo encontró «receptivo y cariñoso», pero admite que es «un poco escéptica», ante la «frustración» que les genera la petición constante de medios.
Superar el tabú
Hay, eso sí, coincidencia en celebrar que la salud mental ya forma parte de la ‘conversación’, ha dejado de ser «tabú». La decana de la facultad de Psicología de la USC, María Sampedro, confirma una demanda «creciente» por esta carrera, aunque precisa que el atractivo que despierta la rama clínica no es un fenómeno posCovid . Con sus propios problemas para lidiar con los efectos de la pandemia —Sampedro contempla que se mantenga y amplíe el servicio de asistencia psicológica—, los psicólogos del futuro se preparan para atender los trastornos mentales de, según la OMS, una de cada cuatro personas.
Las asociaciones no ocultan su preocupación. González alerta de que son los «hombros» de los familiares, junto a los facultativos, los que «sustentan» el sistema, y Orduna se pregunta qué será de los pacientes graves atendidos por padres mayores cuando estos mueran. « ¿Vamos a volver a los antiguos manicomios? », se pregunta. Tajes les envía un «mensaje de esperanza». Pide a las familias no caer en el «desaliento» ni sentirse «solas»: «Hay salida».
